Los representantes de empresas de medicina prepaga y de las industrias farmacéuticas nacionales y extranjeras integrarán un consejo consultor dentro del Programa Nacional de Control del Cáncer. El proyecto de ley fue aprobado ayer en la Cámara de Senadores y ahora pasa a Diputados.
La Cámara de Senadores finalmente aprobó ayer (con modificaciones) el proyecto de ley “que crea el programa nacional de control del cáncer”. La iniciativa busca llevar un registro de todas las patologías en el país y asegurar la provisión estatal de medicamentos oncológicos.
El texto aprobado en sesión extraordinaria y por unanimidad, con 39 votos, fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y fue calificado de todo un hito en la salud pública.
El principal impulsor fue el senador Pedro Santacruz (PDP), quien padeció y luchó contra la enfermedad dentro del sistema de salud pública y donde observó las falencias existentes: cómo las personas pierden la vida por no acceder a medicamentos básicos y cómo las familias se empobrecen en el proceso, según dijo.
Tras numerosas y extensas intervenciones a favor de las senadoras y médicas Desirée Masi (PDP) y Esperanza Martínez (Frente Guasu), el texto fue aprobado en general, pero el debate sobre la integración de su consejo consultor y su financiamiento también produjo opiniones encontradas.
El artículo más cuestionado fue la integración de la “comisión nacional asesora para la atención integral del cáncer”, que contará con más de 20 miembros, entre ministros del Ejecutivo, científicos y representantes de entidades públicas y privadas.
Sin éxito, la bancada del FG y algunos referentes del cartismo se opusieron a que los representantes de las empresas de medicina prepaga y de las industrias farmacéuticas locales e internacionales integren la comisión. Indicaron que los empresarios, buscando el lucro, podrían manipular la lista de medicamentos básicos a ser distribuidos por el Estado para así forzar su compra entre los enfermos y sus familias.
Sin embargo, Fidel Zavala (PPQ) y otros legisladores salieron en favor del sector privado al señalar que la participación traerá transparencia e incluso competencia en favor de los afectados.
La normativa estipula el financiamiento de las entidades binacionales y los impuestos que generen los productos derivados del tabaco e incluso impuestos a las bebidas alcohólicas.
