La Junta Municipal de Asunción aprobó ayer la realización de una auditoría externa especializada para determinar dónde están y qué hacen sus 1.300 funcionarios.
A pedido del concejal por el Partido Democrático Progresista (PDP), Carlos Arregui, la Junta Municipal de Asunción aprobó ayer la realización de una auditoría externa especializada sobre el funcionariado de la institución.
Según datos oficiales, el legislativo comunal tiene nada menos que 1.300 funcionarios. El cuerpo colegiado está compuesto de 24 personas por lo que existen fuertes sospechas que más del 50% de los que figuran en los papeles serían planilleros.
El edil Arregui en su pedido señala que desde el inicio del nuevo periodo legislativo –que arrancó en diciembre del 2015– se viene discutiendo varios aspectos que refieren al tema de funcionariado, pero sin lograr avances.
“La aglomeración de personal excedente en los pasillos, despachos, bancadas y comisiones ya son objeto de indignación de la ciudadanía; por ello buscando ante todo dignificar el trabajo de los verdaderos funcionarios y resguardar los fondos municipales de gastos innecesarios es indispensable identificar y cuantificar todo el personal de esta corporación a fin de realizar una reestructuración humana”, señala en su presentación realizada ayer.
El edil en su escrito solicita entre otras cosas que a través de la auditoría se identifique a cada persona contratada para prestar servicios personales en la Junta Municipal, con fecha de la resolución de contratación.
Pide además describir el tipo de servicio que se obligó a prestar a cada persona; y determinar la remuneración mensual asignada.
Solicita además describir el proceso realizado en la Junta Municipal para cada contratación; y determinar el perfil de cada una de ellas.
Los mismos requerimientos se hacen sobre los funcionarios permanentes.
Los datos deben abarcar a personas que ingresaron a la institución entre los años 2014, 2015, 2016 y de enero a octubre de 2017.
El concejal Arregui en principio pidió que la Junta Municipal, presidida por su colega colorado cartista Hugo Ramírez (candidato a diputado), informe al pleno sobre los datos del funcionariado. La solicitud hizo el 25 de setiembre, y debía ser respondida en 15 días. Sin embargo, no recibió respuesta alguna. Ante esta situación optó por pedir una auditoría externa.
Ayer, el pedido de auditoría tuvo el acompañamiento de la mayoría, pero otra vez surgen dudas sobre su efectividad.
Para llevar adelante, la Junta deberá primero mirar su presupuesto, si tiene disponibilidad de fondos; llamar a licitación y adjudicar. Todo este proceso fácilmente requerirá de al menos seis meses de tiempo.
En estos momentos existen fuertes versiones que el presidente del legislativo Ramírez estaría contratando a sus operadores políticos para asegurar apoyo en las internas coloradas previstas para diciembre próximo, donde pretende ser elegido candidato a diputado.
