La respuesta del Ministerio Público al Congreso no detalla procedimientos contra puertos ilícitos, causas específicas consultadas y muestra total impunidad de delitos en tierras de la binacional.
A partir del pedido de informe del Senado, impulsado por la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP), el Ministerio Público presentó algunas informaciones aisladas y pobres respecto a la lucha contra delitos como la ocupación ilegal, la deforestación y el tráfico ilícito en tierras de la franja de bosques de protección del embalse de la Itaipú Binacional, donde lo único que se evidencia es la impunidad con que se cometen delitos en la zona.
La solicitud requería información sobre las causas penales que impulsa el Ministerio Público contra personas que deforestaron y hasta fueron sorprendidas en pleno tráfico ilícito, como el acontecido a fines del año pasado en siete puntos distintos dentro de las tierras de Itaipú.
Sin embargo, la respuesta no da ningún detalle de este último caso, que está a cargo de la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni. Tampoco responde lo ocurrido con la causa Nº 6394/2008 de los fiscales Ricardo Merlo y Gustavo Sosa sobre el brasileño Doacir Bianchet, descubierto montando un puerto clandestino, así como otra causa en su contra, la 257/2010.
Informes. La respuesta del Ministerio Público, presentada por la fiscala general Sandra Quiñónez, no presenta casos de combate a puertos clandestinos en los últimos cinco años, lo cual coincide con lo informado por los propios militares de la Armada Paraguaya, y que lleva a la conclusión de que durante el Gobierno de Horacio Cartes como presidente de la República no hubo operativos en la zona, a pesar ser una zona de intenso tráfico ilícito, como comprobó esta investigación.
En la nota se presentan los informes de las agentes fiscales: Zunilda Ocampos, a cargo de la Unidad Nº 2 de Delitos Ambientales del Departamento de Alto Paraná; y Nilsa Torales, a cargo de la Unidad Nº 3.
El informe de Torales señala tres casos presentados este año y en los tres se desconoce a los autores de los hechos, por lo tanto quedaron en la impunidad.
El primer caso tiene que ver con una denuncia de la Itaipú presentada el 7 de junio del año pasado, donde se constató la tala de diferentes especies de árboles dentro de la poligonal envolvente de la Itaipú, en Minga Porã, cerca de la reserva Limoy.
El segundo caso de tala ilegal en la poligonal de Itaipú se denunció el 27 de marzo de este año y se dio en Puerto Indio, Mbaracayú; y el tercer caso fue en agosto de este año, también en la zona de la reserva Limoy.
Con respecto al informe presentado por la fiscala Ocampos, la misma señala que fue asignada al cargo en agosto del año pasado y que no cuenta con causas penales sobre deforestación u ocupación ilegal, y que no son competentes respecto al tema puertos clandestinos, y los mismo en su carácter de agente fiscal de la zona de Salto del Guairá.
Sin embargo, de esta zona rescató del archivo seis casos que, según ella, no guardan relación con los hechos mencionados en la resolución, pero que evidentemente fueron presentados por la Itaipú y llevan como título de los hechos denunciados perjuicio a reservas naturales e infracción a la Ley 716/96.
Tres casos son del 2011, dos del 2012 y uno del 2015, en ninguno hubo condena. En dos casos se desestimó la causa y en los otros cuatro hubo suspensión condicional del procedimiento.
