Los exfiscales Eduardo Petta, José Casañas Levi y Carlos Arregui coinciden en que el esquema de corrupción y tráfico de influencias se mantiene sobre la justicia, y lo más grave es que la propia cabeza de la Fiscalía se encuentra en la “ilegalidad".

Los exfiscales participaron de un debate en ABC Cardinal, donde analizaron la situación de la justicia en nuestro país y concluyeron que se mantiene el mismo esquema que operaba cuando estaba Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), algo que únicamente podrá romperse con el involucramiento de tres sectores: la ciudadanía, la clase política y la prensa.

Para Petta, actualmente miembro del JEM, una muestra de la permanencia del sistema podrido en la Justicia es, por ejemplo, Pedro Javier Cano Ocampos, quien había sido nombrado en reemplazo de Raúl Fernández Lippmann, y que recién hoy fue removido del cargo, luego de que se comprobara que era un hilo más de González Daher en los esquemas de “aprietes” a fiscales desde el JEM.

"Estamos hablando de no solo que de amenazaron a un fiscal, sino que concretaron", dijo Petta, refiriéndose al caso del fiscal Ángel Ramírez, quien denunció que le indicaron que lo sancionarían si seguía unas pesquisas contra la esposa de González Daher, algo que finalmente se concretó.

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Otro caso que mencionaron es el de Nadine Portillo, otra fiscal profundamente involucrada en las conversaciones de presunto tráfico de influencias, que sigue campantemente como agente fiscal activa.

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Por su parte, Casañas Levi dio paso a apuntar la crítica contra el actual fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, indicando que no demostró voluntad para investigar el caso de “corrupción más grande de los últimos 20 años”. Arregui, sobre el punto, indicó que el hecho de que haya salido de vacaciones en el momento más álgido del escándalo de los audios indica que no solo tiene un desinterés, sino que tenía la tranquilidad de un apoyo político.

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Insistieron en que estos casos destapados son un esquema de asociación criminal que continúa y recordaron, además, el caso de la fiscal Teresa Rojas, que ya fue amedrentada en su despacho por no someter la investigación de casos según los intereses de González Daher, y hoy de vuelta fue llamada por el secretario de Díaz Verón para tratar de evitar el allanamiento en el caso del asesinato de Rodrigo Quintana.

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Todos coincidieron en resaltar como ilegal la permanencia de Díaz Verón en el cargo de fiscal general del Estado, pese a estar con mandato fenecido, algo que, según remarcaron, transgrede la propia Constitución Nacional.

Petta dijo que la Comisión Permanente del Congreso debe instar al Poder Ejecutivo a que se le comunique al fiscal general que incurre en una ilegalidad, y que debe ser sustituido, según establece la ley.

Lamentaron que el gremio de fiscales no tenga una postura firme sobre la “ilegalidad” cometida por su jefe, pero valoraron la actitud de los agentes fiscales, “el eslabón más débil”, que sí se pronunciaron en contra de la permanencia de Diaz Verón al frente del Ministerio Público, estando incluso investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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También consideraron que Díaz Verón terminó acabando con la credibilidad que tenía la Fiscalía ante la ciudadanía, y desmanteló unidades efectivas como la de delitos económicos, que quedó subordinada a presiones de los políticos.

Evaluando fenómenos similares a nivel mundial, insistieron en que un cambio únicamente se logra con un involucramiento decidido de la ciudadanía.

Cabe resaltar que Javier Diaz Verón fue invitado al debate, pero se excusó para no asistir en esta ocasión.

PÉRDIDA DE INSTITUCIONALIDAD

Sobre la inseguridad en el norte del país, en rasgos generales, consideran que la pérdida de institucionalidad, como es el hecho de haber apartado a personas formadas por la lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) de las fuerzas del orden, así como haber facultado al presidente Horacio Cartes a utilizar de manera discrecional y sin límites a las fuerzas militares para combatir problema interno, hacen parte del fracaso de esta lucha.

A esto agregaron la influencia de los asesores del presidente Cartes, que restan operatividad y termina destruyendo aún más la institucionalidad que se requiere para el manejo de instituciones, como la Policía y las Fuerzas Armadas.

Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/se-mantiene-esquema-dicen-exfiscales-1666911.html