El concejal Carlos Arregui (PDP) presentó hace un mes un pedido de informe para saber qué hacen las 1.300 personas que figuran en la plantilla de la Junta Municipal, y que este año les costarán a los contribuyentes el equivalente a unos 15 millones de dólares. Hasta el momento, el presidente de este cuerpo colegiado –Hugo Ramírez (ANR)– no se dignó satisfacer su curiosidad, aunque la Junta Municipal resolvió el miércoles realizar una auditoría externa para saber dónde están y qué hacen dichos “asalariados”. Lo que anticipadamente puede afirmarse es que casi todos –por no decir directamente todos– esos funcionarios, contratados y jornaleros no hacen absolutamente nada relacionado con las tareas asignadas, si es que se toman la molestia de aparecer en su lugar de “trabajo”. Se trata de vulgares “operadores políticos”, es decir, juntavotos enchufados en el presupuesto para apoyar oportunamente a sus padrinos y a sus aliados. Sin embargo, el proyecto de presupuesto es presentado por el intendente y aprobado por la Junta Municipal; en ese documento figuran las remuneraciones para “servicios personales”, es decir, los gastos para mantener a esa multitud de parásitos. Por tanto, Mario Ferreiro y cada uno de los ediles que aprobaron el presupuesto debieron estar al tanto de lo que hacen los 1.300 que “trabajan” para la Junta Municipal.
El concejal asunceno Carlos Arregui (PDP) presentó hace un mes un pedido de informe para saber qué hacen las 1.300 personas que figuran en la plantilla de la Junta Municipal, y que este año les costarán a los contribuyentes nada menos que 80.573.924.564 guaraníes (unos 15 millones de dólares). Hasta el día de hoy, el presidente de este cuerpo colegiado –Hugo Ramírez (ANR)– no se dignó satisfacer su curiosidad, aunque la Junta Municipal resolvió el miércoles realizar una auditoría externa para saber dónde están y qué hacen dichos “asalariados”. Lo que anticipadamente puede afirmarse es que casi todos –por no decir directamente todos– esos funcionarios, contratados y jornaleros no hacen absolutamente nada relacionado con las tareas asignadas, si es que se toman la molestia de aparecer en su lugar de “trabajo”.
El concejal Arregui también desea enterarse de “dónde está toda esa gente” y de cuál es su régimen de marcación de asistencias, pues dicho régimen estaría diferenciado, tanto que “podés venir solo una hora y te vas”.
En verdad, si todos acudieran al Palacete Municipal y permanecieran en él, sería imposible que cupieran en los cuatro pisos que ocupa su empleador, salvo que estuvieran dispuestos a apilarse, literalmente. Ni siquiera habría sillas para ese ejército de zánganos. Por lo tanto, es comprensible que no teniendo ni silla haya quienes abandonen apresuradamente la sede de sus “funciones”, solo que esta práctica es absolutamente ilegal.
Pero en el hipotético caso de que realmente quisieran trabajar y tuvieran espacio, no podrían hacerlo, debido a que la atribución básica de la Junta Municipal es la de sancionar ordenanzas, resoluciones y reglamentos en materias de competencia comunal, para lo cual solo necesita el auxilio de algunos asesores, secretarios y dactilógrafos, sin olvidar a los mozos para servir bocaditos y bebidas. Esos funcionarios, contratados y jornaleros –54 por cada concejal– no podrían dedicarse a inspeccionar el Mercado de Abasto, a dirigir el tránsito, a cuidar parques o a cubrir baches, ya que de esas tareas debe encargarse el personal de la Intendencia Municipal.
Entonces, ¿qué hace ese ejército de gente para merecer el salario que cobran cada mes, suma de dinero aportada por los vecinos de Asunción? El concejal Arregui parece ignorarlo, pero más de un colega suyo sabe muy bien que no le prestan ningún servicio ni a la Comuna ni a los contribuyentes, y que ellos son vulgares “operadores políticos”, es decir, juntavotos enchufados en el presupuesto para apoyar oportunamente a sus padrinos y a sus aliados.
Y aquí viene el quid de la cuestión: el proyecto de presupuesto es presentado por el intendente y aprobado por la Junta Municipal; en ese documento figuran las remuneraciones para los “servicios personales”, es decir, los gastos para mantener a esa multitud de parásitos. Por tanto, Mario Ferreiro y cada uno de los ediles que aprobaron el presupuesto vigente debieron estar al tanto de lo que hacen los 1.300 que “trabajan” para la Junta Municipal, pues si no lo sabían no tendrían por qué estar pagándoles ni un centavo.
Vale la pena transcribir el art. 276 de la Ley Orgánica Municipal (LOM): “Los miembros de la Junta serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes, salvo aquellos que hubieran hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo”. Y aún más, el mismo artículo agrega que “El intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de esta ley, en el desempeño de sus funciones”.
En consecuencia, si la Junta Municipal autorizó a sabiendas un presupuesto presentado por el intendente que contempla pagos por servicios no prestados a ella, el Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto. Es tan grotesco eso de que el legislativo municipal sin saber para qué requiera el concurso de 1.300 personas, que cuesta creer que sus miembros no actúen con dolo. Para decirlo con todas las letras: quienes consienten un pago indebido cometen un delito que debe ser sancionado. Todos y cada uno de los miembros de la Junta Municipal, salvo que hayan dejado constancia en acta de su oposición, como expresa la LOM, son cómplices y tan responsables del escandaloso clientelismo que impera en la Municipalidad de Asunción.
Los ediles capitalinos, de todos los colores, también tienen familiares cercanos y allegados instalados en algún lugar del presupuesto, pero sobre todo cuentan con un entramado clientelístico bien montado, en el que el “cuoteo” funciona a las mil maravillas. No solo se reparten cargos, sino también ciertas dependencias en las que cada día ingresa una enorme suma de dinero, como la terminal de ómnibus, los mercados (Abasto, Número 4 y zonales), Tránsito, y otras, productivas vacas lecheras para algunos popes municipales y sus paniaguados, instalados estratégicamente en esas dependencias municipales recaudadoras.
Es de celebrar, pues, que a casi dos años de haber asumido el cargo por lo menos un edil haya pedido informes sobre lo que hacen unas personas cuyos salarios están previstos en un documento aprobado por el órgano que él integra y que deberían estar prestando servicios en el mismo asiento de sus funciones.
¿Por qué será que el titular de la Junta Municipal aún no se preocupó de responder?
Los asuncenos y las asuncenas ya no deben permitir que continúe esta indignante repartija de los impuestos y tasas que se le pagan a la Municipalidad de Asunción, y al mismo tiempo comprometerse a nunca más votar por concejales haraganes e inescrupulosos que defraudan la confianza que se depositó en ellos.
Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/junta-municipal-cueva-de-zoqueteros-1644358.html
