Ante las críticas por el cobro excesivo de gratificaciones y bonificaciones extras a funcionarios públicos, que se entregan pese a existe contradicción con el ordenamiento que surge de la matriz salarial, la senadora Desirée Masi anticipó que su bancada pedirá nuevamente la eliminación de varios rubros del ordenador de gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), así como también el topeo de multas repartidas en Tributación.
Añadió que ya el año pasado se había cuestionado el hecho de las bonificaciones extras que se acreditan por fuera de la matriz salarial por lo que se eliminaron un montón de rubros del ordenador, pero como el PGN 2017 fue vetado, no se llevaron a cabo dichas correcciones.
“Si bien hubo una promesa del entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, de que esos rubros, si bien permanecían en el ordenador de gastos por vigencia del presupuesto 2016, los mismos no se iban a usar. Pero ahora vemos que se están usando, y que incluso hay pedidos para incluir más rubros de pagos extras para el próximo año”, indicó, añadiendo que el 99% de las instituciones ya están dentro de la matriz, por lo que las bonificaciones extras ya no tienen porque existir.
Topear multas
Por otra parte, la senadora Masi se refirió a la millonaria repartición de las multas en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Manifestó que desde el legislativo se está analizando los mecanismos para modificar la Ley 2421/2004, ya que estas multas se han convertido en un incentivo perverso que privilegia a un grupo de funcionarios y deja fuera al ciudadano común en su derecho de denunciar los delitos de evasión.
Según la senadora, la normativa indiscutiblemente se tiene que modificar y topear, ya que existe un fuerte conflicto de intereses por parte de quien dirige la Subsecretaría de Estado de Trituración (SET) y de quienes realizan los controles.
Por su parte, el senador Adolfo Ferreiro argumentó que la Ley 2421/2004, en su artículo 239, priva al ciudadano común el derecho que tiene de denunciar un delito tan grave como la evasión. Esto con el claro fin de que el premio (las multas) se repartan únicamente entre los funcionarios, según cree él. “Establece un privilegio que roza lo inconstitucional”, expresó el legislador.
La normativa original respecto a este tema, en este caso la Ley 125/91, incluía al ciudadano común como posible denunciante, y se le reconocía una participación de un premio por denunciar (30% de las multas) casos en que se comprobaran que personas físicas o empresas eluden el pago de impuestos.
