El Senado se ratificó ayer en su posición de no autorizar a la Fiscalía y la Seprelad a investigar directamente cuentas bancarias de personas o entidades sospechadas de manejar dinero de origen dudoso. El proyecto de ley volverá ahora a la Cámara Baja. Se cree que esto es un retroceso en la lucha contra el lavado de dinero y delitos afines.
Por mayoría absoluta, la Cámara de Senadores se ratificó ayer en la versión que limita las acciones de la Fiscalía y la Seprelad para solicitar informes y datos financieros para fines investigativos. Según el proyecto ratificado por los senadores, las citadas instituciones podrán acceder a los informes y datos de personas y/o empresas en el marco de una investigación puntual, únicamente con autorización judicial. Argumentan que esto es un mandato conferido a este Poder, el Judicial, por la propia Constitución Nacional.
Sobre el punto, el senador Arnaldo Giuzzio criticó la versión sostenida por las diferentes comisiones asesoras del Senado, ya que de esta forma ya no tendría sentido la existencia de unidades de inteligencia como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), cuya naturaleza es justamente recibir reportes de los sujetos obligados de la Ley cuando haya dudas sobre el origen de los fondos. Detalló que es inaplicable que eso suceda en la práctica, ya que se manejan en promedio más de 4.000 reportes de operaciones sospechosas en un año, y solicitar autorización judicial para cada caso sería un gran retroceso para una investigación de este tipo.
Dijo además que hay llamativas contradicciones, ya que a otras instituciones como Aduanas, BCP o la Secretaría de Tributación (SET) no tendrían inconvenientes para acceder a los mismos datos, y sin embargo se limitan las acciones a dos organismos que precisan de esta herramienta legal (excepción del secreto bancario) para el seguimiento de casos ligados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas similares.
Por otra parte, la redacción del proyecto del Senado “olvidó” incluir la excepción para las entidades financieras. En la práctica es común que las entidades intercambien datos e informaciones sobre clientes, enmarcados en la Central de Riesgos, según argumentaciones del equipo jurídico del BCP.
El texto de Diputados incluye la excepción para entidades financieras, como también a la Fiscalía y Seprelad para fines de investigación de hechos relacionados al crimen organizado. La Cámara Baja precisa ahora de mayoría absoluta (41) para ratificarse.
