CURUGUATY: QUE NO PAGUEN LOS INOCENTES, QUE LOS CULPABLES NO QUEDEN IMPUNES
POSTURA DEL PDP ANTE UNA SENTENCIA ANUNCIADA
A lo largo de estos meses del Juicio por la Masacre de Curuguaty hemos asistido a una presentación interminable de testimonios con los que la fiscalía pretende que se condene con severidad a varios compatriotas por los homicidios cometidos en ese trágico día.
Sin embargo, en ninguna de ellos se señalan elementos concretos que vinculen a alguno de los acusados con las muertes. Esto se suma a la ausencia de las pruebas científicas más elementales que deben sustentar un proceso por homicidio con armas de fuego.
Queda claro que la fiscalía actuó de forma irresponsable, faltando al deber de objetividad, de manera negligente y temeraria.
En efecto, procesaron, encarcelaron y llevaron a juicio a personas sobre las que no existen evidencias concretas, y de esta manera, han evitado que por medio de una investigación seria y objetiva se llegue a la verdad y se busque a los verdaderos culpables.
Los agentes fiscales, de un total de 17 homicidios producidos solo investigaron 6, siendo que era la obligación del Ministerio Público procesar todos los casos por igual, ya que constituyen un mismo hecho punible.
Tampoco la fiscalía investigó con que fundamentos jueces y fiscales dieron la orden de intervenir con la fuerza pública en un inmueble a pedido de la familia Riquelme, a pesar de que ésta no tiene el título del mismo.
Para los fiscales, los campesinos son invasores pero no la familia Riquelme, que usurpó y obtuvo provechos económicos de esas tierras durante décadas. Los primeros están procesados, los segundos disfrutando el lucro que han obtenido de tierras que nunca les pertenecieron.
Todas estas irregularidades fueron posibles por la complicidad de fiscales y jueces, que han demostrado con sus acciones que la búsqueda de la verdad nunca fue importante sino más bien proteger intereses ajenos a la obligación de hacer justicia. El Gobierno de Cartes se ocupó de intentar blanquear la ocupación irregular de las tierras por la familia Riquelme, por una decisión política.
El daño a esta fecha ya es irreparable. A pesar de la inconsistencia del proceso se ha privado de la libertad y otros derechos procesales básicos a los ciudadanos procesados. Y más grave aún, la condena está anunciada desde el inicio, desde antes que empiece la investigación y el juicio mismo. Esto nos expone como Estado a rendir cuentas ante el sistema internacional de derechos humanos y pagar las consecuencias ante la violación de derechos fundamentales.
La Constitución presume la inocencia de todos los habitantes del Paraguay, la carga de la prueba corresponde al que acusa y la fiscalía no ha podido aportar elementos mínimos para sostener cargos tan graves y pedir las penas más severas de nuestro derecho. Para los más conservadores, queda el principio de la duda razonable, universalmente aceptado por la doctrina en materia penal, en este caso las dudas son más que razonables, ante la falta de evidencias y el exceso de mentiras.
Lo único que está fuera de debate es que perdimos a 17 compatriotas. En memoria de todos ellos, campesinos y policías asesinados, el PDP llama a la cordura, queremos justicia, eso quiere decir que no se condene a inocentes y que se busque la verdad, QUE LOS CULPABLES NO QUEDEN IMPUNES.
Asunción, 9 de julio de 2016
Rafael Filizzola Serra
Presidente
