Los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, defensores de los españoles Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova, procesados en el caso de la supuesta defraudación a través de la compra de helicópteros para la Policía, urgen a la Corte la resolución de una acción de inconstitucionalidad y solicitan, además, sanción para los chicaneros que será determinada en la auditoría que se está realizando.
Según los abogados, los fiscales de esta causa son los responsables de haber imputado a sus representados basados en documentación falsa, fabricada conjuntamente con el Ministerio del Interior.
Villamayor y Coscia también señalan que la Fiscalía les privó a sus defendidos de ejercer sus defensas al no tomarles la audiencia indagatoria. Han acusado a los extranjeros por medio de fotocopias simples, que no pueden ser validadas, aseguran los abogados.
Los defensores también acusan al Ministerio Público de negarse a entregar copias de sus actuaciones a la defensa, pese a los múltiples requerimientos, sostienen entre otras denuncias.
En esta causa también está procesado el exministro del Interior Rafael Filizzola por un supuesto perjuicio de G. 50.000 millones con la compra de helicópteros presuntamente inservibles para la Policía Nacional.
Los fiscales René Fernández, José dos Santos y Yolanda Portillo solicitaron a la Sala Constitucional que remita el expediente al juzgado de Hugo Sosa Pasmor, para que se realice el sorteo del tribunal de sentencia que enjuiciará a los acusados. El juzgado ya decretó la apertura del caso a juicio oral, que es irrecurrible.
