El senador y exministro del Interior Rafael Filizzola dijo que el hecho de que el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía supuestamente no fueron informados con anticipación del allanamiento que resultó en la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes “no tiene sentido” y calificó de escandalosa la actuación del juez que autorizó la fatal incursión policial.
En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) volvió a hacer cuestionamientos sobre el manejo que dieron las autoridades policiales y judiciales al caso del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), quien falleció la semana pasada durante un allanamiento de la Policía Nacional a su residencia en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
El diputado cartista Gomes, quien era investigado por supuestos vínculos con un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, murió el pasado 19 de agosto cuando agentes policiales irrumpieron en su domicilio en horas de la madrugada, en cumplimiento de una orden de allanamiento firmada por el juez Osmar Legal.
Según mantiene la Policía, el diputado Gomes disparó contra los intervinientes, quienes devolvieron el fuego y lo hirieron mortalmente.
Parlamentarios tanto de la oposición como del oficialismo han señalado una serie de irregularidades en torno al operativo, incluyendo el hecho de que tanto el comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez, como el ministro del Interior, Enrique Riera, alegan no haber sido informados del operativo antes de su realización.
Compartimentación de información
El senador Filizzola, quien fue ministro del Interior entre 2008 y 2011 –durante el gobierno de Fernando Lugo–, dijo que la compartimentación de la información es una práctica normal en unidades policiales que manejan casos “sensibles”, con el objetivo de evitar que información se filtre y que, en caso de filtraciones, se pueda identificar de dónde provienen.
Sin embargo, indicó que el tipo de compartimentación que parece haberse dado en el caso del allanamiento a la residencia del diputado Gomes, excluyendo a las figuras de mayor rango en la cadena de mando –el comandante de la Policía y el ministro del Interior, responsable civil de las fuerzas de seguridad-, no tiene sentido.
“La idea es que el personal de menor grado tenga menor acceso y el de mayor grado tenga mayor acceso (a la información)”, explicó. “No tiene sentido que un oficial de menor rango maneje toda la información y el comandante no”.
Opinó que el manejo del caso Gomes lo dejó “espantado” porque “resulta que con este tipo de medidas nadie es el responsable”.
“Me preocupa cómo funcionó la cadena de mando”, añadió. “No es normal que en un allanamiento muera alguien, no se puede banalizar. En este país, a la mayoría de los narcos más violentos se les capturó sin tocarles un pelo”.
“El juez ya sabía que le iban a imputar”
El senador Filizzola apuntó también a la actuación del juez Legal y señaló que, para procesar a un parlamentario, un juez debe recibir de la Fiscalía “información sumaria” que justifique autorizar la imputación y pedir al Congreso el desafuero del legislador.
Sin embargo, en el caso del diputado Gomes “la imputación ya estaba hecha”, dijo el senador en referencia al hecho de que la imputación fue cargada al sistema del Poder Judicial inmediatamente después del allanamiento, aún en horas de la madrugada del 19 de agosto, lo que le hace suponer que el juez ya contaba con esa información sumaria y que, por lo tanto, el allanamiento era innecesario.
“El juez Legal admite que ya sabía que se iba a imputar al diputado. ¿Por qué daba por hecho que iba a admitir la imputación si no la tenía aún?”, cuestionó. “El juez ya sabía que le iban a imputar y que iba a autorizar la imputación y el desafuero”.
Opinó que la actuación del juez es un “escándalo”, teniendo en cuenta que su trabajo como juez de garantías es “velar porque se respeten las leyes y el debido proceso”.
“Este caso es demasiado ilustrador, nos revela cómo se incumplen normas del debido proceso que están en la legislación penal, y esto se estará haciendo en todos lados a gente que no puede acceder a la prensa, que no tiene abogados que pueden exponer el caso públicamente”, agregó.
