El asunto de la renegociación del Tratado de Itaipú viene siendo tema desde el comienzo de la presidencia de Mario Abdo.
Brasil tiene otros objetivos, diferentes a los paraguayos, además posee un parque industrial importante donde el precio de la energía eléctrica es un factor clave en su política económica.
Desde 2021 tiene un objetivo claro, bajar la tarifa para favorecer a su industria, así como a sus usuarios. El nuevo gobierno de Lula parece tener el mismo objetivo.
En cambio, la opacidad sobre la posición paraguaya eleva las interrogantes sobre si existe o no una postura clara al respecto. El Ejecutivo, generalmente, se ampara en la confidencialidad por motivos de estrategia, pero a su vez pide el apoyo de la ciudadanía a la que denominan “una causa nacional”. ¿Cómo apoyar una causa cuyos detalles se desconocen?
Aterrizando en la realidad, surge una interrogante: ¿se destinará (la energía) al consumo interno o se venderá al mejor postor sea cual fuese el mecanismo? La primera opción tiene el fin loable de generar desarrollo utilizando ese insumo clave, pero las condiciones no se desarrollaron, y hacerlo llevaría décadas y no hay planes –al menos no públicos– de cómo se hará.
Ante esta situación, la posición paraguaya ha sido pasiva y rentista, es decir, la segunda opción, ceder la energía remanente al condómino. Porque la importación es un eufemismo elegante promocional para colocar la idea del país como un exportador de energía renovable. La verdad es que el producto no se negocia en un mercado abierto, y tampoco existe otra opción a corto plazo.
Además, esa situación otorgaba la seguridad de recibir cuantiosos fondos para proyectos de responsabilidad socioambiental a medida que la deuda disminuía.
Cabe recordar que como la entidad binacional no busca el lucro, el tratado dispone que el precio de la energía solo debe cubrir costos de explotación compuesto de los gastos generales y administrativos, que están constituidos por todos los gastos imputables a la explotación del emprendimiento, representan todos los gastos de operación, mantenimiento y administración, así como todos los gastos con programas socioambientales.
A medida que la deuda bajaba, lo hacía también el costo de explotación. Para solucionar esto, el remanente fue destinado a las acciones socioambientales, que se centran en la conservación ambiental, mejoras en la infraestructura, salud pública, generación de ingresos, educación, protección y respeto a los derechos humanos cuyo importe iba en aumento a fin de mantener la tarifa artificialmente alta (lógicamente, de esto surge que la deuda pudo haberse pagado mucho antes si no se creaban los gastos socioambientales).
La cómoda situación de recibir fondos pasivamente hizo que el país no desarrollase planes en ante la eventual decisión de disminuir ostensiblemente la tarifa y con ello también los recursos socioambientales, que tienen su atractivo de no requerir trámite parlamentario ni auditoría de la Contraloría. Desde luego, el margen podría ser impuesto por la ANDE, en cuyo caso generaría ingreso genuino para la empresa, pero en ese caso debería pasar por el incómodo proceso de discutir su presupuesto en el Congreso y recibir las auditorías de la Contraloría.
Dentro de esta estrategia rentista, el país recibía los flujos discrecionales para financiar necesidades internas. La renuencia a discutir tarifas llevó incluso a que el Brasil promoviera la creación del FOCEM, que financió la línea de 500 Kv. Al compensar esa necesidad, el “justo precio” quedo fuera de la discusión. Y se mantuvo el statu quo.
En ese tránsito, la tarifa estuvo congelada en 22,60 dólares/kWmes de 2009 a 2021. La deuda, entonces, consumió poco más de 2 mil millones de dólares al año. En 2022, el gasto cayó a 1.400 millones de dólares, que hubiera permitido que el precio bajara a 18,75 dólares. Sin embargo, el valor fijo quedó en US$ 20,75/kW mes, un 10,66% por encima de lo que prescribe el tratado.
Según los brasileños, el año pasado, el costo anual de la deuda estuvo por debajo de los 300 millones de dólares, lo que, según sus proyecciones, la tarifa debía ser de 10,77 dólares. Sin embargo, el valor fue de 16,71 dólares. Y en ese punto nos encontramos hoy.
En la actualidad, los brasileños estiman que la energía de Itaipú es costosa, pero en contrapartida obvia que el Paraguay cede forzosamente su energía a un precio inferior al que accedería si tuviese la libertad de negociarla en el mercado brasileño.
La alternativa de venta al mercado brasileño requiere de inversiones de mediano plazo, adaptación de normativas, instituciones involucradas, mecanismos de control, nuevo modelo institucional de gobernanza. Dada esta situación, es previsible que el Ejecutivo busque mantener la estrategia rentista, por más que lo oculte bajo una “confidencialidad estratégica”. De ahí su propuesta de elevar la tarifa hasta los 20 dólares, contraria a la posición brasileña de disminuirla a 14 dólares.
Aun cuando se obtenga alguna ventaja rentista, según el Plan Maestro de Generación 2021- 2040 de la ANDE, se prevé que para el 2029 el país demande toda su energía proveniente de Itaipú (cada año se van rompiendo récords de consumo) y para el 2033 la totalidad (incluyendo, además, Yacyretá y Acaray), lo que debe ser paliado con el cumplimiento del plan de generación (franja superior turquesa en el gráfico), del cual no tenemos noticias. En cualquiera de los casos, la renta tiene una frontera de menos de 10 años.
Son estas las cuestiones que, por más que se mantengan en el anonimato, hacen suponer que la única estrategia del Ejecutivo es conseguir la tarifa más alta posible.
(*) Senador por el Partido Democrático Prograsista.
