El senador Rafael Filizzola advirtió que el Ejecutivo pretende conferirse poderes extraordinarios para aumentar la deuda del país. La senadora Kattya González alertó que el proyecto es inconstitucional, ya que el mandatario podría contratar préstamos y realizar cambios en el PGN sin pasar por el Congreso.
“El Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que pretende conferirle poderes extraordinarios para aumentar la deuda de todos los paraguayos. Acusan de corrupción en las licitaciones al gobierno saliente, pero quieren pagar a los que ganaron esas licitaciones”, había expresado el senador Rafael Filizzola ya en el mes de setiembre.
Filizzola afirmó en aquella ocasión que se pretende pasar por alto lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Nacional, en que se establece que ninguno de los poderes del Estado “puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público”.
En la fecha, la Comisión de Legislación aprobó, por mayoría, el dictamen que recomiendo aceptar el proyecto de ley: “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, enviado por el presidente Santiago Peña y su equipo financiero, con lo que se preparan para conferirle poderes extraordinarios en finanzas al mandatario.
La senadora Kattya González advirtió que se trata de un nuevo golpe a la institucionalidad y a la democracia y que es importante señalar que los dos viceministros que estuvieron presentes no pudieron responder preguntas sencillas sobre la constitucional de la autorización genérica para contratar préstamos y realizar cambios al Presupuesto General de la Nación (PGN) sin pasar por el Congreso.
“A pesar de todo lo que está ocurriendo con el apresuramiento en el tratamiento de leyes como las expropiaciones y que claramente los convocados no contestaron cuestionamientos básicos realizados; la mayoría de los colegas optó por aprobar el dictamen que recomienda la aprobación de una ley que endeudará al Paraguay en un monto de USD 600 millones, cheque en blanco que firmará el Senado -con mayoría oficialista- el miércoles”, anunció.
Asimismo, remarcó que la ley que se plantea es inconstitucional y su aprobación representa un nuevo retroceso en la seguridad jurídica del país.
“Solo Eduardo Nakayama y yo nos opusimos y pedimos su postergación hasta que el Ministerio de Economía presente un documento solvente y serio”, cuestionó.
El senador Nakayama dijo que el proyecto es similar a que la Cancillería hoy decidiera nombrar a embajadores sin el acuerdo constitucional, o el Ministerio del Interior otorgue acuerdos para el ascenso de comisarios.
“La concepción de la política del cartismo cabalga sobre el desprecio total a cualquier forma de institucionalidad, instala de manera abierta e impúdica la ley de la selva, el principio de que se puede pasar por encima de la ley, que se puede atropellar y someter cualquier institución a sus intereses particulares, que se puede comprar a quien sea, y que cualquier arbitrariedad es posible desde el poder aplastante del dinero”, criticó la legisladora González.
De igual manera, sostuvo que la era del ex presidente Horacio Cartes terminó por destruir lo poco que quedaba de institucionalidad y nos convirtió, -o pretende convertir- al Paraguay, en una estancia y a paraguayos en simples súbditos sujetos al arbitrio de un patrón.
La senadora Yolanda Paredes había señalado que lo que hace Santiago Peña con este proyecto de ley es declararse en quiebra técnica, “no encuentro otra palabra, el Gobierno se encuentra en una quiebra técnica porque dice que hoy su gobierno no puede asumir todos los gastos y los compromisos en los que ha incurrido el gobierno anterior y por eso piden que se les apruebe la emisión de bonos por USD 600 millones y que aparte que se le aumente el déficit fiscal a 4,1%”.
