La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el año pasado promovió acción de inconstitucionalidad para suspender los efectos de diversos artículos de la Ley 6873 de Presupuesto del 2022, con el fin de aumentar el financiamiento en el rubro de servicios personales y de evitar tener que rendir cuentas al Congreso de los más de G. 2.479 millones en gastos reservados que se le asignaron en el presupuesto del año pasado.

Los datos se desprenden del dosier que fue entregado por los senadores al futuro fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En el documento elaborado por la senadora Desirée Masi (PDP) y su equipo técnico, realizado con base en las respuestas de informes, se menciona que la Fiscalía logró diversas excepciones en el cumplimiento de las normas presupuestarias.

Entre las excepciones está la suspensión que obliga a la financiación del grupo 100 (servicios personales) con créditos del mismo grupo, lo que le permite aumentar el grupo con cualquier objeto de gasto. Tampoco rige para la Fiscalía la prohibición de reducción de “servicios básicos”, subgrupo 350 “productos e instrumentales químicos y medicinales”.

En el documento, también se menciona que otra medida suspendida fue la de disponer de las vacancias en el anexo de personal, contratación de jubilados, las normas de aplicación para el retiro voluntario, la obligación de destinar los fondos de subastas de bienes públicos y la prohibición de contratar seguro de vida.

La Fiscalía atacó el artículo 245, que establece el informe anual ante el Congreso Nacional de los créditos presupuestarios en el subgrupo de objetos del gasto 970 “Gastos Reservados”. Solo para el año pasado se le asignaron G. 2.479.146.231.

También han recibido una ampliación presupuestaria destinada al rubro de servicios personales proveniente de la ANDE por G. 6.100 millones.

Hace cuatro años maniobran el presupuesto

La senadora Desirée Masi (PDP) reveló que el año pasado se dieron cuenta de que la Fiscalía viene haciendo hace cuatro años reprogramaciones que no pasaron por el Congreso.

“Indagando nos dimos cuenta de que la Fiscalía venía haciendo sistemáticamente acciones de inconstitucionalidad tres o cuatro veces al año, la Corte le otorga, es legal y ellos cambian el presupuesto. No es el presupuesto que sale del Congreso y que firma el Presidente de la República. A través de acciones de inconstitucionalidad la Fiscalía fue cambiando su presupuesto llevando a lo que está expresamente prohibido inversiones a salarios, contratos y gastos de representación”, dijo.

Cuestionó que luego los funcionarios se quejen porque no tienen tóner, papel, computadora y seguridad. Todo esto esta cotejado por la Corte.

Alquileres de la Fiscalía con quinchos y piscinas, denuncian

Masi indicó que Quiñónez renovó todos los contratos de alquileres y que ni siquiera consultó con el nuevo. “No solamente están en malas condiciones, sino que tienen un precio muy alto”, indicó, y señaló que muchas unidades de la Fiscalía son casas con piscinas y quinchos y no están preparadas para oficinas. La senadora dijo que el gasto enorme generalmente corresponde a gente muy vinculada a la fiscala saliente.

El diputado Édgar Ortiz (PLRA, llanista) en agosto del año pasado había reconocido que le alquila a la Fiscalía una propiedad en Alto Verá, Itapúa, pero afirmó que aún así no votará para frenar el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Calificó de “vyrorei” las críticas que recibe por este hecho porque dice que no “vende su dignidad” por G. 5 millones y más aún que la “oferta del otro lado es 15 veces más” y aún así se mantiene en que se abstendrá a la hora de votar en la Cámara Baja.

Fuente: https://www.abc.com.py/politica/2023/03/08/quinonez-diseno-su-propio-presupuesto/