Desde hace casi seis años la Fuerza de Tarea Conjunta se debate entre magros resultados, un millonario presupuesto y sospechas de corrupción. El jueves se trata proyecto que busca eliminarla.
Más de un millón de dólares al mes. Eso es lo que costó el mantenimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el Norte del país, solamente en lo que va del 2019. Esto teniendo en cuenta una baja ejecución presupuestaria (ver infografía).
El enorme gasto estatal en las fuerzas militares y policiales desplegadas en San Pedro, Concepción, Canindeyú y Amambay es contrastada por los resultados hasta ahora conseguidos en la lucha contra los grupos armados que operan en esa zona.
Desde la creación de la FTC en el 2013, se registró un aumento de la violencia de parte de estos grupos criminales y a su vez, la proliferación de estos. Hoy los organismos de seguridad identifican al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y sus desprendimientos el Ejército del Mariscal López (EML) y la Agrupación Campesina Armada (ACA) como grupos que secuestran, matan y cometen otros crímenes en el Norte.
A la falta de resultados positivos hay que sumar las sospechas de corrupción que rodean al híbrido de policías y militares. En abril fue detenido el ex comandante de la FTC, Ramón Benítez, por liderar un esquema de coimas por proteger cargas de contrabando. Hasta hoy, familiares del capitán Enrique Piñánez aseguran que este murió en un atentado, debido a que tenía pruebas de importantes hechos de corrupción dentro de la FTC durante el periodo en que Benítez estuvo como comandante.
Además, en estos casi seis años de permanencia en el Norte del país, varias comunidades campesinas de las zonas de influencia del EPP denunciaron torturas y otras violaciones de derechos humanos de parte de miembros de la fuerza de tareas.
PRESUPUESTO. El jueves que viene el Senado tratará un proyecto de ley que busca derogar la ley que creó la FTC en el 2013, y así eliminar este órgano mixto. El proyectista, Pedro Santacruz del Partido Demócrata Progresista (PDP), señaló que uno de los principales motivos del proyecto es que es inconstitucional.
“La ley que creó a la FTC es inconstitucional, teniendo en cuenta que la Constitución nos dice que la misión de la Policía Nacional es la seguridad interna del país y que la misión de las fuerzas militares es defender la integridad territorial y la vigencia de la Constitución y las autoridades constituidas por ellas. Por otro lado, la Constitución establece que el estado de excepción solo puede ser autorizado por el Congreso por dos meses y prorrogado por 30 días. En este caso estamos en un estado de excepción permanente”, señaló Santacruz.
Otro aspecto por el cual se pretende derogar la ley es el descomunal gasto que representa la FTC al Estado.
Este es el primer año en el que la FTC cuenta con un subprograma propio dentro de los presupuestos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Antes no había una discriminación presupuestaria dentro de los presupuestos de los policías y los militares.
A raíz de esto, resulta complicado saber de cuánto fueron los presupuestos asignados y aún más complicado cuánto efectivamente se gastó en la FTC entre 2013 y 2018.
“No tenemos esa certeza, pero si este año se presupuestó 15 millones de dólares, se puede estimar que el monto de estos casi seis años de existencia de la FTC puede ser de 80 millones, pero nunca dieron esa información con exactitud, a pesar de los reiterados pedidos”, afirmó el senador Santacruz y advirtió que el gasto no se justifica por los malos resultados que tuvo la FTC en todo este tiempo.
