El sistema de corrupción y el tráfico de influencias sobre la justicia continúan vigentes en nuestro país. Esto queda demostrado con la continuidad de Javier Díaz Verón como fiscal general del Estado, quien a sabiendas de que su mandato ya feneció permanece en el cargo. Así señalaron ayer tres exfiscales.
Los exfiscales Carlos Arregui, José Casañas Levi y Eduardo Petta San Martín, visitaron ayer los estudios de ABC Cardinal para debatir acerca de la situación y la corrupción que envuelve actualmente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El abogado Casañas Levi declaró que el esquema de corrupción en la institución sigue tan vigente como siempre.
Luego dijo sobre el actual fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que no demostró voluntad alguna para investigar el caso de “corrupción más grande de los últimos 20 años”. Arregui, por su parte, señaló que el hecho de que haya salido de vacaciones en el momento más álgido del escándalo de los audios indica que no solo tiene un desinterés, sino que tenía la tranquilidad de un apoyo político.
En otro momento, todos coincidieron en subrayar lo ilegal de la permanencia de Díaz Verón en el cargo de fiscal general del Estado, pese a estar con mandato fenecido, algo que, según remarcaron, transgrede la propia Constitución.
En tal sentido, Casañas Levi manifestó que Díaz Verón argumenta su continuidad con la “reconducción tácita”, pero esta solo se da con los ministros de la Corte.
Asimismo, indicó que “el fiscal general dura cinco años en su puesto y no puede ser reelecto. Su mandato está vencido. No puede ser fiscal porque la Constitución y la elección del Presidente con acuerdo del Congreso, dicen que tiene que estar solo cinco años”.
El senador Eduardo Petta dijo que la Comisión Permanente del Congreso debe instar al Poder Ejecutivo a que se le comunique al fiscal general que incurre en una ilegalidad, y que debe ser sustituido, según se establece la ley.
Sin credibilidad
También consideraron que Díaz Verón terminó acabando con la credibilidad que tenía el Ministerio Público ante la ciudadanía, y desmanteló unidades efectivas como la de Delitos Económicos, que quedó subordinada a presiones políticas.
Además, Casañas Levi remarcó que en el marco de la investigación a Díaz Verón por el supuesto enriquecimiento ilícito, “hasta el momento nadie allanó su casa. Él está marcando la dirección de cómo se tienen que hacer la investigación, una investigación que es bastante invasiva”, cuestionando así la falta de objetividad.
