En el último informe del Latinobarómetro –la encuesta de opinión más amplia y representativa de América Latina–, se reporta con claridad el crecimiento de la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de nuestras democracias. Esto ocurre a pesar de que en materia económica las cosas han venido mejorando en términos generales. Como se menciona en el informe: la economía y la lógica del ejercicio del poder político como un elemento clave para la satisfacción ciudadana en un sentido más integral, van al parecer por caminos separados.

Los funcionarios del Estado son en definitiva los encargados de implementar las políticas públicas, las cuales normalmente están bellamente expresadas, pero cuando deben ser operativizadas por las personas, nos encontramos con serios déficits. Y esto tiene directa conexión con la forma en que contratamos, entrenamos, motivamos, promovemos, controlamos y evaluamos a los funcionarios públicos.

En nuestro país tenemos problemas serios en la gestión pública, aunque hay que reconocer que hemos dado pasos significativos de mejora en los últimos 13 años, según lo demuestra un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado Índice de Desarrollo del Servicio Civil en América Latina.

Dicho estudio se basa en un índice que se construye en función a indicadores de las mejores prácticas en materia del funcionamiento del servicio civil. En el 2004 nuestro país lograba 12 puntos de 100 (entre los últimos de la región) y en la última medición del 2017, logramos 40 puntos, lo cual ya nos ubica en una posición intermedia, pero demuestra una tendencia de mejora.

El principal punto de mejora se refiere fundamentalmente al sistema de contratación para ingresar al sector público, que de a poco se va orientando al criterio fundamental del mérito y la competencia.

También se han visto mejoras en términos de eficiencia y mejor planificación de la estructura de personal en algunas instituciones, lo que ha llevado en varios casos a gastar menos en salarios como porcentaje del presupuesto.

Sin embargo, estos logros que están basados en datos tomados por un árbitro confiable parecen ser contra-intuitivos, con relación a lo que uno percibe cotidianamente en nuestro país. Y lo que ocurre es que estos índices esconden diferencias enormes entre diversas instituciones.

Un ejemplo deplorable es el funcionamiento actual de la Junta Municipal de Asunción. Gracias a la denuncia de uno de sus propios miembros –el concejal Carlos Arregui– nos hemos percatado del tremendo estado de prebendarismo y clientelismo de este órgano municipal.

¡Estamos hablando de un promedio de 54 funcionarios por cada concejal!; muchos de ellos son sencillamente planilleros y todo esto sirve para alimentar con fuerza la indignación e insatisfacción ciudadana.

En 1881, el presidente norteamericano James Garfield fue asesinado en Washington, el autor fue un abogado buscador de cargos y prebendas que se había sentido despechado justamente por no conseguir un puesto público que le habían prometido.

Esto generó una profunda discusión pública sobres los abusos que se venían produciendo y desembocó dos años después en la promulgación de la Ley del Servicio Civil Americano (Pendleton Act.), basada en los principios del mérito y neutralidad política. Más de 130 años después, este sistema ha evolucionado constantemente y hoy rige para todo el sistema público, ya sea federal, estadual o municipal, con enormes resultados positivos.

Sería bueno que la denuncia de Arregui –quien por cierto ha recibido serias amenazas por destapar públicamente todo esto–, tenga un efecto similar y podamos empezar a corregir los nocivos efectos del clientelismo en nuestras instituciones y, por ende, en la calidad de nuestra democracia.

Fuente: http://www.ultimahora.com/garfield-y-la-junta-municipal-n1117476.html