El destino de los bonos y las transferencias a educación y salud son ítems sobre los que ya surgieron ayer objeciones en el inicio del estudio del PGN 2018 por parte de la Comisión Bicameral. Y ya corre un pedido para asegurar que no se vete el presupuesto.
La comisión bicameral que tendrá a su cargo el análisis del presupuesto para el próximo año realizó varias puntualizaciones al proyecto que fue presentado por la ministra de Hacienda Lea Giménez y su equipo, ayer, en la sede del Congreso. El PGN 2018 ascenderá a G. 73,07 billones, 5% más que el vigente (PGN 2016, más sus ampliaciones), según lo planteado por el Ejecutivo.
Uno de los reclamos se refiere al ámbito de la educación. La senadora Desirée Masi cuestionó al respecto el hecho de que una vez más no se ha tenido en cuenta el crecimiento vegetativo de las universidades del interior. Masi al principio no iba a integrar la comisión, pero ayer fue confirmada, completándose un número de 23 senadores y 25 diputados como integrantes de la Bicameral que analiza la citada “herramienta” económica más importante del país. La comisión sesionará los martes de 08:00 a 17:00 y los miércoles de 09:00 a 12:00.
También se cuestionó la asignación de recursos de “fuente 30” para compra de insumos en Salud, que históricamente se cubre con recursos genuinos (fuente 10). Masi dijo que este será uno de los primeros puntos a ser corregidos en el proyecto.
En lo relativo a la emisión de bonos, de unos US$ 600 millones, el reclamo apunta al concepto de repago de pasivos o deudas, que llevará el 50% de esta emisión.
Al respecto, la ministra Giménez justificó el esquema y alegó que el repago de pasivos representa “apenas” el 24% de la deuda total. La administración tributaria contará con un 40% de esta emisión para las inversiones previstas, en las que nuevamente se incluyen un paquete de US$ 6 millones para la Industria Nacional de Cemento (INC) y unos US$ 221 millones para el MOPC.
“Invetabilidad” del PGN
A su turno, el senador Adolfo Ferreiro (Avanza País) insistió en la necesidad de establecer un acuerdo político a fin de que se respete la soberanía del Congreso en las decisiones del presupuesto, ya que a su criterio no vale la pena trabajar sin tener la certeza de que se respetarán las decisiones.
Al respecto, el senador Ferreiro presentó ayer un proyecto de ley para derogar el artículo 19 de la Ley 1535, de Administración Financiera, que expone sobre la vigencia del presupuesto anterior en caso de objeción parcial o total por el Poder Ejecutivo.
Ferreiro indicó que es la única salida que tienen para asegurar que se respeten las funciones del Congreso en esta materia, y espera que la misma tenga curso favorable lo antes posible.
La ministra Lea Giménez indicó que están dispuestos a escuchar y colaborar con la comisión bicameral para el esclarecimiento de los puntos y evitar el veto.
“No consideramos el veto como una salida, sería muy negativo para el país”, expresó la titular de Hacienda, solicitando finalmente al pleno blindar las cuestiones económicas ante los asuntos políticos para un tratamiento equilibrado y razonable del instrumento público.
