Royal Seguros tiene 2 contratos con el consorcio que debe duplicar, operar y explotar la ruta 7, y cuyo accionista es el padre del ministro de Obras. Denuncias de corrupción envuelven a esta concesión.
En medio de denuncias de venta de votos, tráfico de influencias y violación de la libre competencia, en mayo del año pasado el bloque oficialista del Senado, en alianza con un sector del liberalismo, logró la sanción del proyecto de ley que amplió por 30 años la concesión de la ruta 7 a favor del consorcio Tape Porã. En junio, se promulgó la normativa.
Esta empresa, en la cual es accionista el padre de Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas, debe duplicar 113 km de la carretera que lleva a Ciudad del Este y ocuparse del mantenimiento de 140 km. A cambio, la compañía operadora recibe todo el dinero recaudado en el cobro de peajes dentro de esa jurisdicción hasta el 2053. Negocio redondo.
Pero toda partida de ajedrez se juega de a dos. Además del vínculo familiar que tiene el titular del MOPC con Tape Porã, nuevos documentos a los que accedió ÚH revelan que otro miembro del primer anillo del presidente Cartes se vio beneficiado con esta polémica concesión: su principal asesor y mano derecha, Juan Carlos López Moreira.
Es que la compañía que asegura el fiel cumplimiento de contrato y el pago a los proveedores es Royal Seguros SA, la misma compañía en la que López Moreira posee un 31,5% de las acciones.
Por emitir estas pólizas, Tape Porã le pagó a Royal unos G. 1.306 millones. En caso de algún incumplimiento en el contrato, el MOPC debe cobrarle G. 153.494 millones a la empresa del jefe del Gabinete de Cartes. Mientras que si se falla con el pago a proveedores, la cartera de Estado debe recibir G. 9.868 millones.
Burdel. Tras la sanción del proyecto de ley que amplió la concesión a Tape Porã, 7 años antes de que venza su primer contrato, el entonces presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, había comparado al Senado con un prostíbulo.
El legislador colorado denunció la venta de votos y recordó el valor del dinero en la política.
Por su parte, los legisladores Desirée Masi y Eduardo Petta, remarcaron que, una vez más, había ganado el interés particular sobre el general.
"Aparentemente la plata les hace opresores y siervos a muchos. Si esto no se llama tráfico de influencias, ¿qué es?", se preguntó Masi.
Desconocimiento. El gerente financiero de Tape Porã, Ricardo Ruiz Díaz, aseguró que el consorcio explotador de la ruta 7 contrató a Royal Seguros SA por ser el oferente de menor costo.
Remarcó que el conflicto por la ampliación del tiempo de concesión fue entre mayo y junio del año pasado, mientras que la contratación de la aseguradora de López Moreira se dio recién en setiembre al firmar la Adenda 3, por lo que no hubo tráfico de influencias.
"Desconocemos quiénes son los accionistas de Royal. Nosotros nos regimos por el presupuesto. El tema es que las coberturas que dan estas pólizas no son fáciles de conseguir, requiere un reaseguro del exterior. Pedimos varias cotizaciones y se presentaron dos, entonces elegimos la que nos presentó la mejor propuesta que fue Royal", expresó.
Aseguró que la compañía no se rige por política, sino que solo buscan cumplir con todos los requisitos contractuales exigidos por Obras Públicas.
