Un proyecto de ley por medio del cual se pretende modificar el Código Penal y de esa manera ampliar el capítulo que hace referencia a la legítima defensa, será presentado la próxima semana por el diputado colorado, Julio Javier Ríos.
Lo que ocurrió ayer en el Senado con el rechazo a un préstamo de USD 200 millones se puede considerar como una crónica de un resultado anunciado.
Es que desde el Ejecutivo ya prácticamente daban como un hecho que se frenaría este pedido, y el propio jefe de Gabinete Juan Carlos López Moreira ya se lamentaba.
Supuestamente, según el mismo, estaban en riesgo el empleo de 50.000 trabajadores abocados a diferentes obras.
La disidencia y sus aliados cuestionaron la falta de precisión y las dudas en el proyecto de ley, y se mencionó que incluso se sugirió el retiro para realizar correcciones.
Los oficialistas se retiraron de la sala de sesiones en un intento de dejar sin cuórum. Posteriormente, volvió el líder de la bancada Juan Darío Monges, quien reclamó que no se le dejó argumentar, ya que se cerró la lista de oradores.
Hubo además luego un intento por aplazar que tampoco corrió, y es que las cartas ya estaban echadas.
Masi relató que el préstamo se firmó el 20 de setiembre pasado y se desató una fuerte presión y lobby, lo cual no cuestionó, sino que se dieron una serie de imprecisiones.
Mencionó que se consultó sobre los datos técnicos al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y que este a su vez le pasó la pelota al ministro de Hacienda, Santiago Peña. Refirió que el mismo estaba de viaje.
Dijo que luego tuvo un contacto con él para solicitarle el anexo de las obras. "Pretendía que se apruebe así nomás. Se van a tener que acostumbrar a los controles y a remitir documentación", sentenció la legisladora.
Mencionó que recién el miércoles, a las 16.30, se recibió el anexo de las obras.
"Si uno quiere ser mínimamente serio, tiene que enviar el anexo mucho antes (...), que los que dicen ser supertécnicos se comporten y adjunten toda la documentación y se va a estudiar absolutamente todo", manifestó.
El disidente colorado Silvio Ovelar refirió que textualmente en la propuesta se indica que "los recursos son de libre disponibilidad y se utilizarán para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación".
Consideró gravísimo que el Ejecutivo esté pidiendo préstamos para pagar deudas.
