El periodista Andrés Colmán cuenta la historia “real” de la foto que autoridades volvieron a sacar a la luz para “involucrar” al ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Por Andrés Colmán Gutiérrez

Mucha gente me llamó y me escribió en la noche del domingo, luego de que Rafael Filizzola, ex ministro del Interior en la presidencia de Fernando Lugo, me nombrara durante una entrevista en el programa Algo Anda Mal (AAM), por Canal 13, mencionando que fui el periodista que acompañó el momento en que se tomó la foto en que él aparece con Lucio Silva, actual integrante del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), lo cual me convierte en testigo de un asunto polémico que vuelve a cobrar actualidad y a despertar interés.
La foto de Filizzola con Silva es la misma que ya ha sido utilizada políticamente en varias oportunidades por gente del oficialismo colorado y que el actual ministro del Interior, Francisco de Vargas, ha sacado nuevamente a luz en estos días, sugiriendo que esa foto sería una prueba de que su antecesor en la misma secretaría de Estado estuvo involucrado con el EPP, en sus orígenes.
En realidad, esa foto es parte de un reportaje a dos páginas que el diario Última Hora publicó en su edición del lunes 18 de marzo de 2002, narrando un viaje desde la comunidad de Kororõ'i, San Pedro, en que los campesinos Lucio Silva y Gustavo Lezcano, en ese momento prófugos de la justicia, acusados de integrar el grupo que había secuestrado a María Edith de Debernardi, decidieron entregarse y comparecer ante la Fiscalía, exigiendo como garantía el acompañamiento de un equipo periodístico de nuestro diario y de representantes del Congreso Nacional.
Otra precisión necesaria es que yo no participé del equipo que viajó a Kororõ'i. Quien realizó ese reportaje fue el compañero Miguel H. López, integrante del equipo de investigación de ÚH, del cual yo era en ese momento el editor responsable. Miguel viajó en compañía del fotógrafo Lucas Nuñez, en un móvil del diario, y de varias otras personas, que fueron en sus propios vehículos, como los abogados Oscar Ayala Amarilla y Enrique Castillo, y el diputado Rafael Filizzola, a quien luego se unió el también legislador Julio Perrota. A mí me tocó coordinar el operativo, pero desde la Redacción.
Para entender bien el contexto, empecemos por ubicar el momento de la historia…

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El 16 de noviembre de 2001 era secuestrada María Edith Bordón, esposa del ingeniero Antonio Debernardi (considerado uno de los “barones de Itaipú”), tras su práctica de ejercicios en el Parque Ñu Guasu.
Era el primer secuestro significativo que sucedía en muchos años en el Paraguay, y que -aunque entonces no lo sabíamos- marcaba la irrupción de un grupo criminal (que recién en 2008 iba a asumir un nombre supuestamente guerrillero, el del EPP), vinculado a una parte de la dirigencia de una organización política (en ese momento el Partido Patria Libre).
Tras el pago de un rescate (un millón de dólares, según la versión oficial), María Edith fue liberada en la madrugada del 19 de enero de 2002.
Esa misma mañana, el entonces jefe de Investigación de la Policía, comisario Roberto González Cuquejo, hacía una revelación llamativa, que convirtió lo que parecía un simple caso policial en un verdadero escándalo político: El secuestro y la posterior liberación “se trató de un desenlace exitoso de un plan de un grupo de izquierda, con intenciones de promover la desestabilización del Gobierno”, dijo González Cuquejo.
En seguida, la policía distribuyó una lista de los acusados de haber cometido el secuestro. Dos de ellos eran conocidos dirigentes políticos de izquierda, Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes del Partido Patria Libre.
Los demás eran seis ex presos por un intento de asalto a un banco en la ciudad de Choré, en 1997, conocidos como los integrantes de “la banda de Choré”: Alcides Oviedo, Carmen Villalba, Gilberto Setrini Cardozo, Pedro Maciel Cardozo, Lucio Silva y Gustavo Lezcano.
(Alcides Oviedo y Carmen Villalba, actualmente presos y cumpliendo largas condenas en la cárcel, se confirmarían posteriormente como los máximos dirigentes fundadores del grupo armado conocido como el EPP).
Contra todos ellos se libraron órdenes de captura y se desató una especie de cacería humana, policial y mediática.
La situación se volvió más compleja, cuando los familiares de Juan Arrom y Anuncio Martí denunciaron que ambos estaban desaparecidos desde la noche del 17 de enero de 2002, cuando fueron capturados por desconocidos frente a la sede del Centro de Investigación Judicial. Los familiares aseguraban que la propia policía los tenía secuestrados ilegalmente, mientras fingían buscarlos.
Esta presunción se confirmó el 30 de enero, cuando dos hermanas de Juan Arrom, siguiendo datos de un informante, llegaron hasta una casa de Villa Elisa y pudieron comprobar que Juan y Anuncio estaban allí, mantenidos cautivos, con visibles señales de haber sido torturados.
Al ver que llegaban móviles de prensa, los habitantes de la casa huyeron a bordo de dos autos sin chapas. Arrom y Martí luego los identificaron como oficiales de policía a cargo del comisario Antonio Gamarra y denunciaron que dos ministros del gobierno de entonces (el presidente era Luis Gonzalez Machi), el del Interior, Julio César Fanego, y el de Justicia, Silvio Ferreira, no solo sabían, sino que avalaban plenamente que ellos estaban secuestrados ilegalmente y siendo torturados.
La situación derivó en un verdadero escándalo político y puso en duda todas las versiones oficiales sobre los autores del secuestro de María Edith, aunque las evidencias que fueron apareciendo después confirmaron muchas de esas versiones.
Mientras, los seis integrantes de la ex “banda de Choré” seguían siendo buscados en todo el país, y tenían pedidos de captura internacional.
En Última Hora, el caso fue inicialmente cubierto por los compañeros de la sección Sucesos (Policiales y Judiciales), pero en la medida en que el tema se tornaba denso, empezamos a meter mano los del equipo de Investigación (colaboraban Susana Oviedo, Miguel H. López, Adrián Cattivelli, Arnaldo Alegre, Bernardo Agustti, Gustavo Garcia, entre otros).
Fue Susana Oviedo quien obtuvo un primer dato de que uno de los ex miembros de la llamada “banda de Choré”, Pedro Maciel Cardozo, era maestro de una escuela rural en una lejana compañía de Alto Verá, Itapúa, y que estaba con miedo de ser capturado, aunque aseguraba que se había separado del grupo de Alcides Oviedo y Carmen Villalba tras salir de la cárcel, y buscaba regenerarse. Para él fue una sorpresa verse incluido en la lista de los secuestradores
Hasta allí llegamos con Susana y logramos que Maciel Cardozo nos reciba y acepte ser entrevistado, con mucho temor. Nos contó su historia y ofreció testigos, que aseguraban que durante el tiempo en que María Edith estuvo secuestrada, él no se movió del lugar, estuvo enseñando en su escuela e incluso asesoró como técnico en informática las elecciones internas del Partido Colorado.
Tras un contacto con el entonces fiscal general adjunto, Carlos Arregui, Maciel Cardozo aceptó que lo acompañemos a presentarse ante la Fiscalía, donde fue sometido a un reconocimiento y María Edith admitió que no lo reconocía entre sus secuestradores. La Fiscalía levantó la orden de captura en contra suya y lo dejó en libertad.
Los reportajes sobre el caso Maciel Cardozo que publicamos con gran destaque en ÚH despertaron las burlas sobre la negligente actuación policial y echaron más dudas sobre las versiones oficiales que acusaban a los presuntos secuestradores.
Fue entonces cuando un informante se puso en contacto con el colega Miguel López, asegurando que en una comunidad campesina de San Pedro, llamada Kororõ'i , vivian otros dos ex integrantes de la “Banda de Choré”, Lucio Silva y Gustavo Lezcano, quienes también aseguraban ser inocentes, contaban con testigos de que no se habían movido del lugar en la época del secuestro y estaban dispuestos a entregarse a la Fiscalía, para someterse al reconocimiento.
Contactamos nuevamente con el fiscal adjunto Carlos Arregui, quien brindó todas las garantías para trasladar a los acusados hasta Asunción, pero los mismos pedían la presencia de algunos parlamentarios, para otorgar mayor protección constitucional. Recurrimos al entonces diputado Rafael Filizzola, del Partido Encuentro Nacional, quien aceptó acompañar el operativo. Luego se sumó, durante la presentación en la Fiscalía, su colega Julio Perrota.
Así fue como Rafael Filizzola apareció fotografiado junto a Lucio Silva y Gustavo Lezcano.
En la visita a Kororõ'i, según la crónica de Miguel López, numerosos pobladores atestiguaron que Silva y Lezcano no se habían movido de su comunidad en la época en que Maria Edith fue secuestrada. De hecho, diez pobladores lo acompañaron durante el viaje y se ofrecieron como testigos ante la Fiscalía, donde ambos acusados fueron expuestos ante los ojos de la señora de Debernardi, junto a otras personas, y ella dijo que no reconocía en el grupo a ninguno de sus secuestradores. Por tanto, la Fiscalía levantó la orden de captura y los dejó en libertad.
Años después, Gustavo Lezcano apareció involucrado en otro secuestro, el de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cometido por el mismo grupo criminal. El principal testimonio que lo incrimina, junto a otro grupo de acusados, es el del también ex integrante de Patria Libre, el concepcionero Dionisio Olazar, quien aseguró en el juicio oral que Lezcano formaba parte de un grupo político –al cual él también pertenecía-, que en una reunión realizada en Caaguazú, en enero de 2005, decidió la eliminación fìsica de la secuestrada Cecilia, luego hallada muerta y enterrada en Ñemby.
Lezcano, junto a otros cinco campesinos, Agustín Acosta González, Roque Rodríguez, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo y Aristides Vera, cayeron presos en Buenos Aires y luego fueron extraditados a Paraguay, donde acabaron condenados a 25 años de cárcel más 10 por seguridad. Diversas organizaciones internacionales realizaron y siguen realizando campañas mediáticas a favor los seis, presentándolos como presos políticos, asegurando que la evidencia mostrada en juicio –la palabra de un solo testigo-, resultaba muy frágil para una condena tan elevada.
De Lucio Silva volvimos a tener noticias recién en 2013, cuando las fuerzas de seguridad lo identificaron como uno de los miembros activos del grupo combatiente del EPP. Hay fotos de él en uniforme y con fusil, y aparece en algunos videos.
Lucio Silva había ingresado a formar parte de la presunta guerrilla junto con sus jóvenes hijos Claudelino Silva Cáceres y Jorgelina Silva Cáceres. Claudelino, de 22 años, fue uno de los abatidos en el enfrentamiento con militares durante el secuestro de Arlan Fick, el 2 de abril de 2014, en Paso Tuyá, donde acabó muerto junto a Bernardo “Coco” Bernal.
Una vivienda del ex suegro de Lucio Silva, Felipe Cáceres, en la compañía San Isidro de Acahay, fue incendiada en junio de 2016, por personas desconocidas. En el lugar del ataque dejaron pintatas que decían “¡Fuera EPP!”. En agosto de 2016 fue atacada la casa de la ex esposa de Lucio, Elisa Cáceres de Silva, madre de los dos hijos que también ingresaron al EPP. La vivienda, ubicada en un asentamiento en Mboy-i Itauguá, fue rociada con combustible, además dispararon 27 balazos contra la casa, pero no llegaron a prenderle fuego. En el lugar dejaron una nota que decía: “¡Fuera Silva Cáceres! ¡Fuera EPP!”.
Cuando supimos que Lucio Silva era integrante activo del EPP, con los colegas que habíamos trabajado en aquellos reportajes de 2002 no pudimos evitar la sensación de haber sido utilizados. Muchas preguntas se nos cruzaron. ¿Realmente Lezcano y Silva no participaron del secuestro de Maria Edith, y recién después se sumaron a las actividades criminales? ¿O el EPP tiene tanta influencia en la población campesina, que es capaz de involucrar a toda una comunidad, como la de Kororõ'i, para mentir colectivamente, aportando una falsa coartada y librarlos en ese momento de la cárcel?
Al menos sí tenemos la seguridad de que el otro ex miembro de la antigua “Banda de Choré”, Pedro Maciel Cardozo, si se alejó definitivamente del grupo tras aquella primera experiencia y prosigue su valiosa labor como maestro rural, reivindicándose del error cometido a través de la educación.
En síntesis, esta es la verdadera historia de la foto de Rafael Filizzola con Gustavo Lezcano y Lucio Silva.

Sostener en base a esa imagen que estuvo involucrado con el EPP significaría que el actual ministro del Interior tiene muy mala información sobre los hechos, lo cual implicaría que su servicio de inteligencia es patético, o que tiene buena información real pero la manipula buscando enlodar a un adversario político con un propósito perverso. Sea cual sea la verdadera razón, habla muy pobremente del principal ministro político del gabinete de Horacio Cartes.

Fuente: http://andrescolman.blogspot.com/2016/08/la-historia-de-una-foto-comprometedora.html?spref=tw