Varias causas penales se extinguirían desde setiembre, debido a que el Senado rechazó ayer la intención de suspender por dos años la vigencia de la Ley 4669/12 (antimora) que extingue a los tres años los procesos penales. El exfiscal y senador Arnaldo Giuzzio (PDP) alertó que miles de casos importantes vinculados al narcotráfico, corrupción y otros crímenes están en carpeta.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado evitar que varias causas penales se extingan a partir de setiembre próximo. Ayer la propuesta fue tratada en la sesión ordinaria de la Cámara Alta pero los senadores rechazaron la iniciativa, con lo cual el proyecto de ley que “modifica el artículo 1 de la Ley 4734/12 que suspende la vigencia de los plazos procesales de tres años” vuelve a Diputados.
Ante esta situación es muy probable que ya no quede tiempo para rechazar la propuesta legislativa, debido a que recién el miércoles 31 de agosto hay sesión ordinaria en la Cámara Baja y en caso de aprobarse debe ir al Ejecutivo para su promulgación.
El senador Giuzzio (PDP) defendió la intención de suspender la normativa por dos años más y alegó que de mantenerse los tres años de plazos se extinguirán “grandes casos de corrupción pública, narcotráfico y secuestro”. Pidió a sus colegas se acompañe la propuesta legislativa de suspender la ley, pero sin éxito.
En cuanto al planteamiento, el senador liberal Fernando Silva Facetti se opuso a la propuesta de Giuzzio y argumentó que el proceso está garantizado con los plazos procesales establecidos y la Constitución Nacional garantiza el justo proceso. Culpó a la ineficiencia del Ministerio Público de la prescripción de las causas. El senador Enrique Bacchetta (ANR disidente) opinó que no se pueden cambiar los plazos procesales por las falencias de los fiscales. El senador Adolfo Ferreiro (Avanza País) manifestó que la medida de modificar los plazos procesales sería “premiar la ineficiencia del Ministerio Público”. Para el senador Miguel A. Saguier (PLRA), la suspensión de la normativa es un pésimo procedimiento legislativo. “Con todos los recursos jurídicos que se están proveyendo a las instituciones jurídicas, creo que debe mantener el plazo de tres años”, dijo el legislador Saguier.
