En la mañana de hoy el PDP, el PLRA y el PEN presentaron una denuncia ante la OEA contra el Presidente de la República Horacio Cartes y contra el Ministro de Hacienda Horacio Peña por incumplimiento de la ley de financiamiento político.
Adjuntamos transcripción y escaneado de la denuncia.
Asunción, 30 de octubre de 2015
Señores
Misión de Observación Electoral de las
Elecciones Municipales del 2015 en Paraguay de la
Organización de Estados Americanos (OEA/OAS)
Oficina de la Misión Permanente en Paraguay
Asunción – Paraguay
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a los señores miembros de la Misión de Observación, en representación de los partidos Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Democrático Progresista (PDP), a los efectos de denunciar al Gobierno de la República del Paraguay por graves trasgresiones a las normas que regulan el financiamiento público de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos, que ya han generado un serio e irreparable perjuicio al proceso electoral en curso.
El artículo 71 de la Ley 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”, modificado por el artículo 3° de la Ley 4743/12 “Que Regula el Financiamiento Político” dispone lo siguiente:
“El Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente una partida global a nombre del Tribunal Superior de Justicia Electoral para ser distribuida por el mismo en concepto de aporte del Estado entre los partidos políticos reconocidos e inscriptos”.
En cumplimiento con lo dispuesto en la norma de referencia, la Ley 5386/14 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2015”, ha establecido el monto que corresponde a los partidos políticos en concepto de aporte y subsidios estatales.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha distribuido la partida presupuestaria y asignado a cada partido político la suma que le corresponde por ley, y ha realizado pagos parciales de acuerdo con el plan de caja que fue autorizado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, a pesar de que estamos terminando el ejercicio fiscal y a dos semanas de las elecciones, el Ministerio de Hacienda comunicó hace unos días al TSJE que ya no habría transferencias para el rubro destinado a aportes a los partidos políticos, contrariamente al plan de caja aprobado y a la obligación establecida en el artículo 71 de la normativa mencionada que establece la anualidad de dicho pago.
Esta situación fue reclamada al TSJE, cuyos representantes han realizado gestiones ante el Poder Ejecutivo para que se transfieran los recursos. Igualmente, los líderes de las bancadas parlamentarias de la Cámara de Senadores han pedido explicaciones al Ministro de Hacienda en dos reuniones recientes, sin que éste pueda dar una justificación acerca de las razones por las que se está incumpliendo la legislación electoral.
Con la decisión de referencia los partidos políticos quedan sin su principal fuente de financiamiento a pocos días de las elecciones, con lo cual además de la violación de leyes fundamentales para la democracia, se transgreden derechos esenciales para un proceso electoral justo. Esta situación no tiene precedentes, principalmente en años electorales cuando los sucesivos gobiernos anteriores han hecho grandes esfuerzos por cumplir con las obligaciones financieras del Estado referentes a comicios nacionales o locales.
El quebrantamiento de la legislación electoral que rige el financiamiento de los partidos políticos es en este caso responsabilidad directa del presidente Horacio Cartes y el ministro de hacienda Santiago Peña. Ambos tienen la obligación legal de la correcta ejecución del presupuesto anual aprobado por el Congreso y en consecuencia de la transferencia de los recursos para el pago de los aportes a los partidos políticos.
La conducta de ambos constituye un fraude en el presente proceso electoral que tiene como objetivo perjudicar el financiamiento político y en consecuencia favorecer al Partido de Gobierno en detrimento de la oposición.
Particularmente, la intención del presidente Horacio Cartes es evidente y pública, teniendo en consideración el protagonismo que ha asumido en la dirección de la campaña electoral de su partido, la Asociación Nacional Republicana (ANR), contrariamente a que es incompatible con su investidura (artículo 237 de la Constitución).
Este hecho ha generado un debate público donde se evidencia no solamente su participación directa en actividades ajenas a la función presidencial, sino además la utilización de bienes públicos a favor del Partido de Gobierno. Al respecto se ha señalado en reiteradas ocasiones la utilización de recursos del Estado y hasta de la residencia presidencial con fines proselitistas lo cual genera además de un perjuicio al país una seria distorsión de la igualdad de oportunidades en las elecciones.
A modo de ejemplo trascribimos algunos titulares de diferentes medios de prensa: “Cartes se mete de lleno en la campaña para las municipales” (ABC, 23/10/2015: pág. 8); “Desvergonzado uso de recursos públicos hace el oficialismo en vísperas de municipales” (ABC, 28/10/2015: pág. 3);y ”Cartes toma el mando de la campaña colorada para comicios municipales (ABC, 29/10/2015: pág. 12).
Los efectos del incumplimiento de las obligaciones estatales y la militancia presidencial en favor de su partido saltan a la vista. Por citar un ejemplo, en Asunción el candidato de la ANR para Intendente Municipal va a gastar según sus propias declaraciones, casi el triple de lo que presupuestan los demás candidatos juntos (Última Hora, 29/10/2015: pág. 10 y ABC, 29/10/2015: pág. 8).
Una parte importante de este dinero para los candidatos del Gobierno va a provenir del presidente Cartes. En efecto, tras una reunión en la residencia presidencial en la que participaron el propio Presidente y candidatos y dirigentes colorados de los 11 distritos de Concepción, el Gobernador de ese departamento, Luís Urbieta, “esbozando una amplia sonrisa” afirmó que “el presidente nos prometió apoyo político y también nos dio apoyo económico, la reunión fue para eso” (Última Hora, 29/10/2015: pág. 12).
En la nota de referencia, el diario Última Hora recuerda que el presidente Cartes “aportó mucho dinero para las elecciones municipales de 2010, en las generales del 2013 y en las últimas internas partidarias de julio”. La nota recalca además que para los presentes comicios prometió “mucho dinero”.
Esta situación genera además interrogantes sobre el origen de los fondos aportados, ya que en este momento el presidente Cartes tiene una doble condición. En primer lugar, la de principal responsable de la administración del país, con lo cual se generan sospechas sobre la posibilidad de que sus aportes provengan de recursos públicos. De hecho, ya se han utilizado bienes del Estado en favor del Partido de Gobierno, como hemos señalado y es de público conocimiento. En segundo lugar, el Presidente es a su vez propietario de una empresa tabacalera cuyos productos son vendidos de contrabando a diferentes países de la región, según denuncias públicas de diferentes gobiernos. Este hecho genera especial preocupación por la incidencia del dinero proveniente de actividades ilícitas en la política paraguaya, lo cual no es nuevo pero se ha evidenciado con más fuerza en los últimos años con la elección de personas relacionadas al crimen organizado en cargos públicos, la mayoría vinculada al Partido de Gobierno y al grupo político del Presidente.
En resumen, el Gobierno, por disposición expresa y personal del presidente Horacio Cartes y el ministro Santiago Peña, está violando la legislación electoral que regula las obligaciones del Estado referentes al financiamiento político; que esta situación no tiene precedentes en periodos electorales en nuestro país; que existe una intención clara del Poder Ejecutivo de privar de recursos a los partidos de oposición y de esta manera beneficiar al Partido de Gobierno, cuyos fondos se ven garantizados por el propio presidente Cartes; que, finalmente, estos hechos constituyen un fraude electoral en perjuicio de partidos de oposición, a los que se despoja de fondos transparentes y previstos en la ley, y a favor del partido del Presidente, al que se garantiza recursos de origen desconocido.
Solicitamos en consecuencia a la Misión de Observadores de la OEA tomar nota de la presente denuncia y ejercer las medidas que dentro de sus competencias contribuyan a al menos paliar este perjuicio ya generado, con la liberación de los fondos que el Estado adeuda a los partidos.
Rafael Filizzola Serra Miguel Abdón Saguier
Presidente Presidente
Partido Democrático Progresista Partido Liberal Radical Auténtico
