El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que el proyecto de ley “De la Función Pública y el servicio civil”, que será definida en la Cámara de Diputados, únicamente será aplicable a un tercio de los funcionarios públicos, quedando por fuera 200 mil que no se regirán por la norma presentada por el Poder Ejecutivo.
Un día después del tratamiento del proyecto de ley “De la Función Pública y el servicio civil”, el senador Rafael Filizzola (PDP) mencionó que la Constitución Nacional establece el principio de “igual trabajo igual salario”. Sin embargo, cuestiona que existen funcionarios de primera en la ley que rige a todos los entes.
“Todo esto tiene como efecto que la ley regirá a un porcentaje muy bajo de funcionarios, quedando fuera más de 200.000, es decir, que esta ley únicamente le será aplicable a un tercio de los funcionarios”, manifestó el senador de la oposición.
El parlamentario afirma que el proyecto habilita la contratación de personal para atender necesidades de carácter temporal, inusuales o excepcionales por sus características, o por exceso de trabajo, por tiempo determinado. Sin embargo, establece que el empleado contratado adquirirá estabilidad tras diez años de servicio ininterrumpido. “¿Qué evento excepcional dura 10 años? Esta no es más que una forma de evasión del concurso”, se preguntó el parlamentario.
Filizzola concluye que seguirá el “festival de los contratados”, porque los contratados serán recontratados indefinidamente hasta cumplir 10 años de antigüedad, donde adquirirán los mismos derechos que quienes concursaron, sin haberlo hecho.
Carrera civil: Tendremos una autoridad por cada ente, sostienen
El parlamentario del PDP afirma que la redacción final aprobada ayer por la Cámara de Senadores tiene grandes deficiencias y que ello tiene que ver principalmente con la autoridad normativa.
“Un ejemplo práctico, casi todos los entes poseen funcionarios de la carrera civil. Sin embargo, tendremos una autoridad de aplicación o normativa por cada ente autónomo, aun cuando la naturaleza de los funcionarios sobre los que rige es el mismo: administrativos, mandos medios, profesionales técnicos (...)”, dijo el senador en referencia al artículo 4° del proyecto de ley.
El senador se preguntó: “¿Por qué un funcionario administrativo del Ministerio del Interior debería tener una autoridad normativa distinta que el administrativo del Poder Judicial o del Banco Central?”, dijo y recordó que, en general, lo que se aprobó ayer está vigente hace 24 años en la Ley N° 1626. “Pero el problema no es la ley, sino el clientelismo y padrinazgo. Un caso puntual, aún luego de implementada la matriz salarial (que pretendía eliminar beneficios excesivos y encubiertos), cada año tenemos en el articulado del PGN excepciones para que los ya “matriciados” sigan cobrando beneficios. Es decir, esa fue una “reforma” engañosa”, sostiene.
La fuerza de la autoridad normativa queda diluida en cuantos entes autónomos y autárquicos existan. “Lo ideal hubiese sido que el Viceministerio de Capital Humano sea la autoridad de aplicación sobre los funcionarios de la carrera civil de todos los entes, con capacidad normativa y técnica y, sobre todo, autonomía política.
