El senador Rafael Filizzola (PDP) advierte que la oposición no va a legitimar la “comisión garrote” creada por la mayoría oficialista presuntamente para perseguir a sus enemigos políticos. Señala que aún en desventajosa minoría, la oposición hará sentir su presencia ante una eventual deriva torcida que pretendan emprender los detentadores de poder.

Rafael Filizzola, senador por el PDP, habló con ABC Color y reiteró que la oposición no va a participar de la “comisión garrote” para no legitimar un herramienta del oficialismo que presuntamente será usada contra sus enemigos políticos.

- ¿Por qué le llaman “Comisión Garrote” a la creación de esa comisión bicameral del Congreso?

- Es una comisión que no define lo que va a investigar. Por eso se le llama “comisión garrote”. La creación de la Comisión Antilavado, o Comisión Garrote, se suma a una serie de medidas legislativas que reafirman claramente la deriva autoritaria de este gobierno. Este Congreso ha aprobado de manera absolutamente inconstitucional y contraria a los principios más básicos del debido proceso la pérdida de investidura de (la senadora) Kattya González (Partido Encuentro Nacional), la ley creada para perseguir a las organizaciones sociales (anti-Ong), y ahora esta comisión conjunta, que tiene el claro objetivo de perseguir a la prensa.

- ¿En qué sentido estarían utilizando como arma contra enemigos políticos?

- La comisión está mal planteada desde el inicio, no reúne las condiciones constitucionales propias de este tipo de comisiones, y contraviene la ley reglamentaria. Ni siquiera tiene exposición de motivos, un requisito esencial para todo proyecto que se presente ante el Congreso Nacional.

- ¿Específicamente?

- No se establece claramente qué es lo que se pretende investigar, no se ha fijado un plazo temporal que limite el objeto de estudio ni se han determinado casos concretos a ser revisados...

- El hijo de Galaverna (el senador Juan C. “Nano”) apuntó directamente contra un banco relacionado con este diario. “Para investigar el lavado de dinero...”, dice.

- Abarca supuestamente temas tan amplios como el lavado de dinero, delitos contra el patrimonio del Estado, contrabando y delitos conexos, !casi medio Código Penal! Se deja abierta la posibilidad de abarcar prácticamente todo.

- Tienen un tiempo de 60 días...

- ¿Qué pueden investigar en 60 días con un temario tan amplio? Es evidente que van a perseguir selectivamente a los críticos del gobierno (cartista de Santiago Peña). Incluso, la resolución de creación de la comisión establece funciones tan amplias que, básicamente, se prestan a realizar todo tipo de acciones, lo cual también riñe con la propia Constitución, ya que se inmiscuyen en cuestiones que ya están judicializadas. En conclusión, contradice la Ley N° 137 del 1993 que reglamenta el artículo 195 de la Constitución y ese propio artículo de nuestra ley fundamental.

- ¿Por qué les interesaría un banco, el funcionamiento de un ente privado?

- Cuando los referentes del cartismo hablan de lavado de dinero en un banco, se están refiriendo al Banco Atlas en particular. Si están hablando del caso Atlas, este es un caso que ya está judicializado, en consecuencia es evidente que pretenden intervenir en un proceso judicial, algo que la Constitución no permite. Si lo que pretenden es investigar un banco, hay muchísimas normas que limitan el acceso a la información que puedan necesitar. Por ejemplo, la carta orgánica del Banco Central del Paraguay limita sustancialmente la información que se puede solicitar sobre el sistema bancario, y en ningún caso esa información puede afectar a los clientes. La Ley N° 766, que modifica el artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central, dice expresamente que las Cámaras del Congreso y las comisiones de investigación pueden pedir informes, pero no sobre las operaciones de los clientes.

- Está el secreto bancario...

- En la Ley N° 5787 de modernización y fortalecimiento de las normas del sistema financiero paraguayo, dentro de las excepciones al secreto bancario en el artículo 86, no figura en ningún lado que las Cámaras del Congreso puedan solicitar informaciones sobre el sistema. Entonces, tenemos problemas de forma, un problema de colisión constitucional porque es un tema que está judicializado, y también un conflicto con leyes que protegen el secreto bancario

- ¿Qué buscan en el fondo?

- A mí no me cierra. Para perseguir a un banco tienen el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios), etc. Ninguna comisión parlamentaria va a poder obtener más información que la que el gobierno cartista ya tiene sobre el Banco Atlas. Por eso me queda claro que la intención no es el banco sino perseguir a ABC y eventualmente a otros medios de prensa críticos.

- Pero ¿están en condiciones de llevar adelante una persecución de ese tipo?

- Lo han dicho públicamente los propios proyectistas. Lo más grave es la mala fe con que se plantea la Comisión, ya que busca investigar a un conglomerado de medios que tiene una línea crítica con el gobierno. Esto da un paso más dentro de una serie de medidas que atentan contra la democracia, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ya fueron por Kattya, luego por las organizaciones sociales y ahora por la prensa. ¿Quién sigue, la Iglesia (Católica) que también es siempre crítica?

- ¿Qué alcance tiene la comisión para que parezca tan poderosa?

- Hay que señalar que las comisiones de investigación tienen amplias funciones. Pueden convocar a personas, solicitar documentos e incluso mediante orden judicial –algo que no sería problemático porque controlan la justicia– solicitar el allanamiento de lugares y la incautación de documentos. Tratándose medios de prensa, esas competencias utilizadas con la mala fe que se evidencia, puede ser muy lesiva de la libertad de prensa. Recordemos que el cartismo ya ha pretendido antes acceder a las fuentes de la prensa a pesar de que estas están constitucionalmente protegidas.

- Hacerlo desde el Congreso Nacional sería demasiado evidente. ¿Qué gravitación podrían tener sus miembros, más que los miembros del Poder Judicial?

- Es difícil de creer lo que pasó en Venezuela o en Nicaragua donde desde una plataforma democrática se formaron esos regímenes absolutos, autoritarios. Es muy grave, y por eso elevamos nuestra alarma, para un fin antidemocrático se utilice una herramienta constitucional tan relevante.

- ¿Cómo queda el Congreso?

- El Congreso Nacional pierde la poca credibilidad que le resta. Parece que al cartismo le conviene un Congreso mal visto al que se le utiliza como mandadero para los trabajos sucios. Cualquiera puede tener cuestionamientos sobre la línea editorial de cualquier medio de prensa, pero eso no puede ser motivo para crear una comisión que afecte las libertades de prensa y de expresión. Esto no contribuye en nada a la democracia ni a la imagen del país. Además, aunque el objetivo inicial, según expresiones de los proyectistas, sea ABC, esto con seguridad va a extenderse a otros grupos empresariales que también poseen medios periodísticos.

- ¿No cree que ya no es tiempo de que prosperen los autoritarismos, por lo menos en esta región?

- No considero que esto sea propio de una institución representativa y que debe respetar los principios básicos de una democracia. Si el Estado empieza a coartar y perseguir la libertad de prensa, el deterioro democrático en Paraguay se acentuará aún más de lo que ya está.

- ¿Cómo puede encarar la oposición el desafío de enfrentar en absoluta minoría la cuestión?

- Desde la Bancada Democrática (de la Cámara de Senadores) hemos tomado la decisión de no integrar la Comisión (conocida como “garrote” o anti-ABC). No vamos a legitimar una institución que no reúne los mínimos requisitos constitucionales y contraviene la propia ley reglamentaria. Participar en esa comisión sería convalidar una instancia creada con fines poco claros y, sobre todo, orientada a perseguir a un grupo económico y a un medio de prensa y que eventualmente podría extender sus funciones a la persecución de otros medios de prensa también. Desde el inicio, hubo una intención de perseguir, no de investigar.

- ¿Más no se puede hacer?

- Aunque desde la Bancada Democrática no integremos la comisión, no nos vamos a desentender del asunto. Vamos a controlarla igualmente, ya que todas las comisiones son públicas. Podremos participar informalmente, pedir informes permanentes y en caso de que se extralimiten, tomar las medidas que correspondan.

- ¿Cómo está la oposición? (El ex presidente) Nicanor Duarte Frutos (ANR) dijo que le daba pena...

- Sí, “porque no tiene proyectos”, dijo. Yo le pregunto al ex presidente (que gobernó de 2003-2008) qué proyectos tienen (Horacio, titular de la ANR) Cartes y (Santiago) Peña. Lo que tienen es una desvergonzada malicia para someter como sea a los poderes con tal de favorecer sus negocios y enriquecerse mientras la gente soporta la falta de trabajo y no tiene acceso a los servicios públicos mínimos. Día a día los más necesitados sufren la humillación de un transporte público caro y de pésima calidad de los amigotes del poder. La niñez estudia en escuelas que se caen y las personas que padecen problemas de salud, tienen que sufrir además largas colas en los hospitales pasando penurias para ser atendidos a la que se suma la frustración por la falta de medicamentos. O Nicanor vive en una burbuja ¿o ese es el proyecto del que se enorgullece Nicanor?

- Pero hay posiciones que parecen irreconciliables...

- La oposición va a llegar unida al año 2028 (fin del mandato de Peña) y vamos a ganar las elecciones. Y vamos a hacer un gran gobierno como ya lo hicimos antes con Fernando Lugo (2008-2012); un gobierno en beneficio del pueblo y no contra el pueblo como el de Cartes y su empleado Santiago Peña.

Fuente: https://www.abc.com.py/politica/2024/08/18/el-gobierno-va-camino-al-autoritarismo-alerta-filizzola/