Sobre el proyecto que modifica la ley de la producción y transporte independiente de energía eléctrica (PTIEE), aprobada en la sesión anterior de la Cámara Alta, el senador Rafael Filizzola criticó que al liberar de la obligación de llamar a licitación para proyectos de generación de energía de hasta 50 MW, representa una seria amenaza de apropiación, tanto de recursos como servicios públicos por parte del sector privado.
El parlamentario Rafael Filizzola señaló que hasta ese límite (50 MW), ya no será necesaria la realización de una licitación, sino que bastará con una licencia otorgada únicamente por el Viceministerio de Minas y Energía. “El régimen anterior solo otorgaba licencias para proyectos de hasta 2 MW y con la aprobación de un consejo integrado por seis ministerios, previo dictamen de una comisión técnica presidida por el representante de la ANDE e integrado por otras cinco instituciones”, explicó.
Asimismo, manifestó que entre las inconsistencias que levantan suspicacias es que no queda claro cómo se estableció el límite que define lo que es una pequeña central hidroeléctrica (PCH). “La mayoría de los países de la región la fijó en 20 MW y Brasil en 30 MW, si tomamos los datos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Incluso, en su plan de generación, la ANDE proyecta unos 19 PCH; la mayoría no sobrepasa los 3 MW, hay una de 9 MW y otra de 27 MW”, observó.
Agregó que en 17 años de vigencia del régimen anterior, ningún proyecto fue aprobado ni llevado a cabo por la propia ANDE, a pesar de los proyectos mencionados.
Sin licitación
“También resulta bastante sugestivo que de repente se haya aprobado una modificación que eleve el límite de potencia para emprendimientos sin licitación, solo con licencia”, reiteró el legislador.
Dijo que se entiende que la tarifa actual de la ANDE responde más a un criterio político que a uno de eficiencia económica. “Esto evita que la ANDE invierta debidamente como se debería en la generación y que desemboque en la apertura de puertas para la inversión privada”, cuestionó.
Filizzola añadió que entonces, como la ANDE (o el gobierno) no es capaz de asumir el costo político de sincerar las tarifas, se facilita el ingreso del sector privado, “que lógicamente no invertirá si el proyecto no le resulta rentable, lo que implica vender la potencial energía generada a un mayor precio que la propia ANDE”.
Impacto ambiental
Entre otros aspectos, Filizzola también advierte que no se determina cómo se evaluarán las propuestas para otorgar las licencias, ya que un proyecto con impacto ambiental requiere de un estudio minucioso con el involucramiento del MADES, por la parte ambiental, y de la ANDE, como administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo menos; ya que antes era un Consejo, que esta modificación de la ley elimina.
