Los diputados ahora tienen en sus manos el cuestionado proyecto de ley que deroga el arancel consular, norma que, según denunciaron opositores, busca favorecer a importadores y exportadores en detrimento de los contribuyentes.
Pese a las objeciones puntuales de varios opositores, la Cámara de Senadores igualmente aprobó en su última sesión ordinaria, del miércoles, el cuestionado proyecto de ley que deroga la ley que aplica el arancel consular que gravan actos y visados de documentos vinculados al comercio internacional y al transporte de mercaderías.
La aplicación de la normativa, una vez que entre en vigencia, tendrá una consecuencia negativa para los contribuyentes, quienes terminarán cubriendo el déficit de unos USD 24 millones de una parte del presupuesto de la Cancillería.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo, durante su alocución, que la medida hasta parecía una promesa de campaña electoral, un pago de favores a un grupo de importadores y exportadores.
El senador Rafael Filizzola (PDP) manifestó que si uno se fija en el presupuesto 2023, los aranceles representan unos USD 24 millones, un cuarto del presupuesto total de la Cancillería. (ver infografía).
Recordó que, según manifestó el canciller cuando acudió a la Comisión de Hacienda del Senado, el plan para cubrir ese déficit es a través de reestructuración interna y el cese de funcionarios. Indicó que esto que plantea el Gobierno tiene dos problemas, primero, que con eso solo se cubre USD 10 millones, con lo que quedan unos USD 14 millones que el Ejecutivo plantea solventar con recursos del Tesoro, “es decir, se pagará de los impuestos de todos los paraguayos en beneficio de un sector, porque la eliminación de aranceles consulares es exclusiva para empresarios, relacionados con el comercio, porque para los comunes se mantiene”, cuestionó.
Filizzola dijo que, en el proyecto de presupuesto 2024, remitido por el Ejecutivo, en los ingresos (es decir, aquellas tasas que cobran y les genera recursos propios), se prevé duplicar lo percibido este año en concepto de tasas de legalización, esas que pagan las personas que realizan trámites que requieren pasar por la Cancillería, como por ejemplo el permiso de niños y niñas para viajar al exterior, los certificados de estudios, etcétera.
“Y, segundo, que el despido de funcionarios, sin criterios claros, debilita seriamente el servicio exterior, instrumento fundamental, porque somos una economía orientada al comercio exterior, donde las relaciones internacionales son fundamentales para la apertura de nuevos mercados para nuestros productos”, refirió el legislador.
Asimismo, cuestionó que desfinanciar, despedir y reducir las misiones es exactamente lo contrario de afianzar el servicio exterior.
