El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que Enrique Kronawetter no puede dejar el cargo de representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM) sin renuncia de por medio. Si Santiago Peña busca forzar apartarlo, estaría desatando una crisis política que afectaría la imagen de su gobierno y del país ante la mirada internacional, agregó.
El presidente electo, Santiago Peña, pretende colocar a la exministra de Corte Alicia Pucheta como la representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), cargo ocupado actualmente por el abogado Enrique Kronawetter.
De acuerdo a la Ley nº 296 que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Kronawetter debería dejar el cargo recién una vez que fenezca su mandato, en el 2026.
Solamente si Kronawetter renuncia al cargo podría nombrarse a otro persona en su reemplazo, según indicó el senador Rafael Filizzola (PDP). Comentó que durante la presidencia de Raúl Cubas se pretendió forzar el cambio de representante, pero la Corte dejó en claro lo que establece la ley.
“La ley es muy clara, establece un plazo, un término de mandato de tres años y además es una medida que fue interpretada de esta manera por todos los presidentes que han habido”, dijo.
Santi Peña desataría una crisis política
“Hay varios cargos que no se cambian o el presidente no puede disponer automáticamente al momento de asumir la presidencia. Son los cargos que tienen un mandato determinado por ley. Este es uno de esos cargos, pero no es el único tampoco”, agregó.
Filizzola, así también, advirtió que si Santi Peña busca forzar el cambio de representante, estaría desatando una crisis institucional.
“No sé si el presidente electo está mal asesorado. Espero que haya estado mal asesorado porque en caso de que quiera forzar la alteración del Consejo de la Magistratura de esta manera, va a significar una crisis política innecesaria y va a quedar muy mal el Poder Ejecutivo”, mencionó.
“Este es un órgano que tiene a su cargo la selección de los jueces, un órgano que tiene que actuar de una manera ajustada a derecho, así que si el propio Poder Ejecutivo pretende violar una ley tan relevante como es la ley del Consejo de la Magistratura, lo único que va a hacer es dejarle muy mal parado al Poder Ejecutivo, pero sobre todo a la imagen del país ¿Qué confianza puede haber en un país donde no rigen los principios básicos del Estado de Derecho?, acotó.
