La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones un proyecto de ley que plantea “exonerar el pago del arancel para la expedición del certificado de antecedentes policiales y el certificado de antecedentes penales”.

La propuesta inicial era beneficiar con la expedición gratuita de certificados de antecedentes policiales y judiciales únicamente a personas desempleadas, ya que es un requisito indispensable para los currículos, pero por la dificultad de control se “universalizó” el alcance sin saberse cómo será financiada la gratuidad ni el impacto en el presupuesto de la Policía Nacional y de la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta original es del senador Derlis Osorio (ANR, oficialista), que propone la exoneración del pago para personas sin empleo y se solicitaba como requisito para ello que el Ministerio de Trabajo certifique la condición de cesante del solicitante antes de ir al departamento de Identificaciones de la Policía Nacional a pedir certificados de antecedentes policiales y penales.

Sin embargo, la Comisión de Hacienda, a través de la senadora Esperanza Martínez (FG), sugirió “universalizar” el beneficio, ya que el requerimiento de un trámite ante el Ministerio de Trabajo terminaría siendo una complicación y un gasto extra para el desempleado.

El senador Osorio se allanó a la propuesta, mencionando que también hay otros trabajadores como los de la plataforma de transporte, que aunque tienen exiguas ganancias, también se les requiere periódicamente esos certificados.

Preocupa impacto del proyecto en presupuesto de la Policía

La senadora Desirée Masi (PDP) consultó sobre el impacto presupuestario que tendría esa iniciativa, ya que no recibieron respuesta a los pedidos de informes solicitados a la Policía y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según le indicaron extraoficialmente a Masi, la Policía estimó una afectación del 45% de su presupuesto, mientras que la Corte cree que sería del 8%.

Martínez indicó que al no tenerse respuesta a las peticiones de informes, no tiene oficialmente como cierto el señalado dato policial. Ante la falta de certeza del impacto presupuestario, los legisladores aprobaron la iniciativa sin determinar una fuente de financiamiento para el proyecto, que ahora pasa a Diputados.

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