El Senado aprobó crear una Comisión Especial de Estudio de procesos licitatorios y mecanismos de control de fijación de precios de medicamentos adquiridos por los entes del Estado en los últimos cinco años.
El proyecto aprobado por la Cámara de Senadores este jueves dispone la creación de una comisión especial para analizar los mecanismos de registros y fijación de precios de medicamentos y sus implicancias en las adquisiciones públicas y la venta en farmacias.
La normativa fue presentada por el senador de Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Santa Cruz, quien desde esta semana inició la denuncia de un gran negociado en la venta de medicamentos.
“Necesitamos identificar los factores que propician este festival de precios de medicamentos y promover los cambios. Un proceso transparente en el que todas las partes participen, ubicando en el centro a las personas”, señaló el parlamentario.
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El proyectista argumentó en su exposición que son constantes los reclamos ciudadanos y denuncias de falta de medicamentos, compras excesivas, vencimientos de lotes, sobrefacturaciones, robos de insumos y medicamentos, arreglos de procesos de licitaciones, fijación de precios excesivos que dejan bien en claro que existe una palpable ineficiencia de los entes del Estado en garantizar los precios justos y procesos trasparentes en los procesos licitatorios de medicamentos.
MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD
En la sesión pasada mostramos el gran negociado de los medicamentos: entre los entes públicos el @msaludpy en el que más paga pero cuando comparamos con los precios en farmacias, resulta que la ciudadanía paga MÁS DEL DOBLE
Este es un oncológico
“Tenemos un sistema de Salud deficiente y burocrático que urge de una depuración y reforma que garantice el acceso a la salud de nuestra gente”, explicó.
La Comisión Especial estará integrada por un senador de cada bancada, quienes serán designados por el presidente de la Cámara en coordinación con los líderes de las respectivas bancadas.
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La Comisión deberá finalizar la tarea encomendada en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la instalación de la comisión, la cual podría ser prorrogada por unos tres meses según sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Además, deberá elevar al pleno de la Cámara Alta un informe final al culminar su misión, el cual buscará encontrar las deficiencias de los procesos y las lagunas normativas que necesitan ser solucionadas para garantizar el acceso al precio justo y de manera efectiva.
El Ministerio de Salud pasó a estar en el ojo de la tormenta tras denuncias publicadas sobre supuestas irregularidades en la compra de insumos médicos con los recursos destinados para la contención de la pandemia del Covid-19.
Un informe de la Contraloría General de la República señala que las licitaciones adjudicadas a Insumos Médicos SA y Eurotec SA estaban viciadas de irregularidades desde su inicio, por lo que Salud procedió a anular los contratos, mientras que se inició un proceso penal contra los responsables.
