El senador Pedro Santacruz (PDP) comentó que para proyectar la comisión especial que buscará establecer mecanismos para la fijación de precios de medicamentos, realizaron una investigación y detectaron diferencias muy altas entre las compras de diferentes instituciones públicas y también la venta al público. Además, cuestionó que por ley la fijación de los precios esté delegada a “funcionarios de tercer nivel”.
El legislador del Partido Democrático Progresista fue el impulsor del proyecto que planteó la creación de la comisión especial para estudiar los mecanismos a través de los cuales se establecen los precios de los medicamentos. Esta mañana, el mismo recordó que siguió un tratamiento contra el cáncer y a partir de allí detectó diferencias abismales entre los precios de venta en nuestro país y Europa o Argentina.
Aseguró que medicamentos que en Europa se consiguen a G. 100.000, acá cuestan más de G. 1 millón, o pastillas que allá cuestan US$ 500 dólares, acá se venden a US$ 3.000. A partir de ahí realizó varias indagaciones.
“Tenemos una ley 1119/97 de Productos para Salud y otros, que regula la fabricación, elaboración, fraccionamiento, control de calidad, distribución e importación de medicamentos. Encontramos una serie de deficiencias que deben mejorarse en esa normativa”, agregó.
Relató que en uno de los artículos se deriva la fijación de precios a un departamento de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio. “Funcionarios del tercer nivel (están) sentándose a negociar los precios con fabricantes”, cuestionó y aseguró que las consecuencias de ello las “tenemos a la vista”.
En ese sentido, contó que realizaron una investigación sobre treinta productos y para ello solicitaron al Hospital del Trauma y al Instituto Nacional del Cáncer los listados de los medicamentos más utilizados por ellos, para tener una lista sobre los medicamentos más usados en los hospitales del país.
Luego analizaron varias licitaciones y encontraron diferencias abismales en la compra de varios medicamentos, entre diversas instituciones públicas.
Por ejemplo, dijo que en el 2019 el Ministerio de Salud compró Losartán -un medicamento utilizado para la hipertensión- a G. 155 cada pastilla, mientras que en el 2018 el Instituto de Previsión Social (IPS) compró cada pastilla a G. 1.491. Teniendo en cuenta la cantidad adquirida en ambos procesos, la diferencia total entre una licitación y otra fue de G. 46.000 millones.
Otro de los ejemplos que brindó fue el de Filgrastim, un producto oncológico. Dijo que en el 2018 IPS compró a G. 28.125 cada unidad y el Ministerio de Salud lo adquirió a G. 504.000, mientras que su venta al público en las farmacias está a G. 500.000.
“Tenemos una gran diferencia entre las distintas adquisiciones de las instituciones públicas y también lo que se vende al público en nuestro país. Hay una diferencia abismal”, lamentó.
El legislador contó que en otros países del mundo se tienen instituciones autónomas creadas para aplicar todo el mecanismo de control en el proceso. “Mi intención es controlar los precios de los medicamentos que le llega a la gente”, agregó.
Aseguró que es totalmente consciente de que va a tocar muchos “intereses políticos” pero se debe buscar mejorar esta situación que afecta a muchos ciudadanos. “Hasta ahora tengo apoyo de los 45 senadores”, aseguró.
Finalmente, manifestó que la intención dentro del Senado es fijar los mecanismos y procedimientos para fijación de precios.
