La Cámara de Diputados fue convocada ayer a sesionar en forma extraordinaria el 4 de febrero próximo para tratar la ley de trazabilidad del financiamiento político y la ley de la declaración jurada de bienes.
En su primera reunión, la Comisión Permanente del Congreso resolvió por mayoría llamar a sesión extra de la Cámara Baja para estudiar los proyectos de modificación de las mencionadas legislaciones.
Si bien 24 diputados firmaron una nota en que solicitaban la sesión extra de la Cámara Baja para mañana 16 de enero, ya había un acuerdo con las bancadas coloradas (cartistas y abdistas) y liberales para que la reunión sea el 4 de febrero.
La senadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista) pidió que la reunión fuera el 29 de enero, para ganar tiempo y evitar que entre en vigencia –el 6 de febrero próximo, según advirtió– otra modificación legislativa que exige orden judicial previa para la publicación de la declaración jurada de bienes. Advirtió que si Diputados establece algún cambio al proyecto de modificación de la ley de declaración jurada de bienes, que elimina el requisito de la orden judicial previa, el Senado tendrá que reunirse y ya no habría tiempo para sancionarlo antes del 6 de febrero.
La moción de Masi fue apoyada por algunos parlamentarios, inclusive por el líder de bancada cartista de Diputados Basilio Núñez, pero finalmente una mayoría del pleno de la Comisión Permanente del Congreso optó por la convocatoria a sesión extra de Diputados el 4 de febrero.
El argumento del cambio de fecha, del 16 de enero al 4 de febrero, fue la necesidad de asegurar el quórum necesario. Explicaron que muchos legisladores no estarían antes del 4 de febrero por viaje.
Masi, en declaraciones a la prensa, criticó la actitud de los diputados que pidieron en una nota una fecha, pero luego acordaron otra. Dijo que el pedido para llamar a sesión el 16 de enero era solo para la prensa y tratar de quedarse bien con la ciudadanía.
El proyecto de ley que establece la trazabilidad del dinero en las campañas electorales fue presentado a fines de diciembre último por un grupo de diputados. Dispone, entre otras cosas, el control del uso del dinero desde el inicio de la campaña electoral con cuentas bancarias auditables y la declaración jurada de los candidatos ya en las internas.
La intención es transparentar la financiación de las campañas electorales y evitar que el dinero sucio, como del narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas, sea utilizado para elegir autoridades. La propuesta legislativa tiene la oposición de varios sectores políticos, sobre todo de la ANR, aunque en el discurso todos hablan de estar a favor de la transparencia.
Abdo Benítez, a favor
El presidente Mario Abdo aseguró ayer en Yabebyry, Misiones, que “siempre luchó” por la transparencia, en alusión a la ley del financiamiento político y señaló que se debe “limpiar todo” el “dinero sucio” en las campañas electorales. “Soy proyectista de acceso a la información pública, de darle publicidad a las sesiones de la Corte Suprema. Mi compromiso por la transparencia sigue intacto y vamos a seguir profundizándolo desde nuestro liderazgo”, dijo.
Piden opinión a instituciones
A propuesta del diputado Basilio Núñez (ANR, cartista), la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer pedir la opinión de varias entidades públicas y privadas sobre la factibilidad del proyecto de trazabilidad del financiamiento político. Las instituciones consultadas son: Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Contraloría General de la República, Justicia Electoral, Banco Central del Paraguay y Asociación de Bancos. Esperan respuestas en 15 días.
