Con relación a la decisión del Consejo de la Magistratura de “reintegrar” la terna de candidatos a Ministro de la Corte, el Partido Democrático Progresista declara:

Desde el momento en que el Presidente de la República en uso de sus facultades, denegó el acuerdo constitucional al candidato designado por el Senado, la terna propuesta dejó de existir, por lo cual lo que corresponde de conformidad con lo dispuesto en la Constitución es proceder a un llamado a postulantes al cargo a los efectos de conformar una nueva.

No existe norma constitucional ni legal alguna que faculte al Consejo de la Magistratura a “reintegrar” una terna que ya ha pasado por las instancias de decisión, Senado y Ejecutivo. Por lo cual, esta resolución, que no tiene precedentes, no se ajusta al principio de legalidad que impera en el derecho público, y obliga a toda institución a obrar exclusivamente en el marco de sus competencias establecidas expresamente en la legislación.

La decisión del Consejo de la Magistratura, al tiempo de ser inconstitucional, pretende limitar la atribución constitucional del Senado de designar a los ministros de la Corte (art. 264 inc. 1), relegando su papel al de mero pasa papeles entre el CM y el Presidente de la República.

Con esta interpretación del Consejo, la función de designar ministros de Corte queda en la práctica en el Presidente, quien se puede limitar a denegar el acuerdo indefinidamente, hasta que la terna “se reintegre” con algún candidato de su simpatía, o hasta el absurdo de llegar al último de la lista, al peor puntuado.

El Consejo de la Magistratura demuestra su falta de independencia y su sometimiento a la voluntad del Poder Ejecutivo. La subordinación a intereses políticos ha sido asumida por el propio Presidente del Consejo cuando señaló que postergarían la resolución sobre la terna hasta concluir las internas coloradas. En pocas palabras, la falta de la integración de la Corte y las obligaciones constitucionales del Consejo son menos importantes que un evento interno del Partido de Gobierno.

El PDP considera esta violación constitucional un golpe más a la democracia, otro paso en el camino que ha emprendido Horacio Cartes de forzar las instituciones para acumular poder y gobernar sin controles ni limitaciones.

La Constitución del 92 es consecuencia de un gran esfuerzo por lograr un país más democrático por medio de una distribución del poder político, del equilibrio, la cooperación y los contrapesos. El presidente Cartes se ha empeñado desde el principio de su mandato en destruir estas bases fundacionales de nuestra Constitución. Este partido se va a mantener firme en su defensa.

Rafael Filizzola
Presidente